EL DEBIDO PROCESO CONCEPTO Tenemos pues al debido ...

RECURSO DE CASACION PENAL-Ineficacia/PRINCIPIO DE LEGALIDAD DELA PENA-Violación/PREVALENCIA DE LA DOCTRINA CONSTITUCIONAL.En el caso concreto, existe certidumbre sobre la ineficacia del recurso decasación, por la razón anotada (es la Sala de Casación Penal de la H. CorteSuprema la que ha sentado la doctrina sobre la violación del principio delegalidad como excepción a la garantía del artículo 31). Pero puede agregarseun motivo adicional: si hay discrepancia sobre el sentido de una normaconstitucional, entre el juez ordinario (dentro del cual, para estos efectos, hayque incluír al de casación) y la Corte Constitucional, es el juicio de ésta el queprevalece, tal como se desprende, con toda nitidez, del fallo C-083 de 1995que, al declarar la exequibilidad del artículo 8° de la Ley 153 de 1.887, fijó elalcance de la expresión “doctrina constitucional”Sentencia T-468/99. PRINCIPIO NO REFORMATIO IN PEJUS ENACTUACIONES ADMINISTRATIVAS. Varios trabajadores de la empresaotorgaron poder con el fin de que se promoviera acción de tutela contra elConsejo de Justicia, por estimar que les había vulnerado sus derechos altrabajo, a la salud y a una vida digna, al ordenar el cierre delestablecimiento. Manifestaron los demandantes que la fábrica vienefuncionando desde hace más de 50 años y comenzó a desarrollar susactividades en el mismo sector y lugar en que hoy se encuentra, en elcual residen muchos de sus trabajadores. Señalaron que la fábrica cuentacon los correspondientes permisos para su funcionamiento y que elcierre de ella ocasiona graves perjuicios, pues deja sin empleo a unos 35trabajadores, de los cuales depende totalmente un igual número defamilias, que además quedan sin seguridad social, educación para sushijos, y sin remuneración alguna. Aspiraban los accionantes a que se lesconcediera la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicioirremediable y a que el Consejo de Justicia suspendiera la orden de cierredefinitivo mientras el Tribunal Contencioso Administrativo deCundinamarca decide de fondo.Violación del derecho a un debido proceso. Reforma de la sanción en perjuiciodel apelante único. La Corte reitera que el debido proceso no es aplicableúnicamente a los procesos judiciales. También debe respetarse plenamente enlas actuaciones administrativas, como resulta del muy específico lenguajeutilizado por el artículo 29 de la Constitución. Y el amparo tendría que consistiren la inaplicación del acto a la circunstancia concreta de los trabajadores, conel fin de garantizar que su actividad laboral profiera reanudarse, con base en loya expuesto y a partir de la previsión contenida en el artículo 8 del Decreto2591 de 1991. Por tanto, en el caso materia de estudio, el Consejo de Justiciaestaba obligado a resolver sobre la impugnación del acto administrativoproferido por el Alcalde Menor con estricta sujeción a los preceptos superioresy a las garantías procesales. No lo hizo así, como pasa a examinarse.La Ley 232 de 1995, por medio de la cual se dictan normas para elfuncionamiento de los establecimientos comerciales, consagra en el artículo 2los requisitos para el ejercicio del comercio en establecimientos abiertos al