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AMPARO EN REVISIÓN 1012/2014
indirecta, la obtención de ingresos, como un efecto colateral, ya que
como se precisó, el otorgamiento de estas prestaciones no deriva de una
meta en concreto que realice el trabajador para ver ese vínculo
necesario para clasificar una erogación de estructural.
454. No obstante lo anterior, aun cuando las prestaciones de previsión social
se originan en principios de responsabilidad social y solidaridad, no se
puede pasar por alto que constituyen una parte esencial de la planeación
estratégica de la empresa en la medida en que trascienden a la
generación de ingresos (aunque no los condicione); por lo que -contrario
a las catalogadas “deducciones no estructurales”- sí existe una
obligación atribuida al legislador de reconocerlas.
455. Así, el Estado en coadyuvanza con los patrones tiene una obligación
constitucional y convencional de asegurar la seguridad y previsión social
de los trabajadores, lo cual se puede hacer a través de diversos
mecanismos, entre los que se pueden identificar, entre otros, los
siguientes: el aseguramiento de un mínimo de prestaciones y derechos
laborales; pero también, a través del establecimiento de políticas
públicas que fomenten y contribuyan al desarrollo o el mejoramiento de
tales condiciones (seguros médicos, fomento a la educación,
complementos a pensiones y jubilaciones, entre otros).
456. Dentro de las políticas públicas a las que puede aspirar el Estado, la
política fiscal de fomento a prestaciones de previsión social tiene un rol
fundamental al tratarse de una herramienta transversal que permite
incluir a los patrones en el logro de aspiraciones estatales a cambio de
una consecuencia fiscal que se proyecta en los estados financieros de
los contribuyentes aminorando su carga tributaria.
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