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AMPARO EN REVISIÓN 1012/2014
sus competencias de control. Por el contrario, en el caso de
normatividad con efectos económicos o tributarios, por regla
general, la intensidad del análisis constitucional debe ser
poco estricta, con el fin de no vulnerar la libertad política del
legislador, en campos como el económico, en donde la
propia Constitución establece una amplia capacidad de
intervención y regulación diferenciada del Estado,
considerando que, cuando el texto constitucional establece
un margen de discrecionalidad en ciertas materias, eso
significa que las posibilidades de injerencia del Juez
constitucional son menores y, por ende, la intensidad de su
control se ve limitada. En tales esferas, un control muy
estricto llevaría al Juez constitucional a sustituir la
competencia legislativa del Congreso -o la extraordinaria que
puede corresponder al Ejecutivo-, pues no es función del
Poder Judicial Federal, sino de los órganos políticos, entrar a
analizar si esas clasificaciones económicas son las mejores
o si éstas resultan necesarias”.
560. Asimismo, debe decirse que la decisión legislativa que se revisa es
proporcional, en tanto que sólo restringe de manera parcial el derecho de
los contribuyentes a deducir los gastos estrictamente indispensables
para la generación de los ingresos, toda vez que se le permite deducir
una parte de las erogaciones que realice por concepto de pagos que
representen un ingreso exento para el trabajador o bien de aportaciones
efectuadas para la creación o incremento de reservas para fondos de
pensiones o jubilaciones de personal, lo que conlleva a que la afectación
ocasionada resulte adecuada, sin tornar ruinoso o exorbitante el tributo,
o sea, confiscatorio al determinarse su base impositiva; máxime que las
exenciones establecidas en favor de los trabajadores tienen también
límites respecto a su cuantía, por lo que la restricción reclamada no es
total, pues la parte que está sujeta a imposición para el empleado podrá
disminuirse completamente, aunado a que la base de tributación puede
aminorarse con las demás deducciones autorizadas en la Ley del
Impuesto sobre la Renta o bien con el cálculo de la participación de los
trabajadores en las utilidades, mitigando con ello la carga impositiva de
acuerdo con la capacidad contributiva propia.
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