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AMPARO EN REVISIÓN 1012/2014
574. En otras palabras, la equidad tributaria existe tanto al otorgar un trato
igual o semejante a situaciones análogas como el diferenciar el trato ante
situaciones diferentes, por lo que no toda desigualdad de trato por la ley
resulta inconstitucional, sino únicamente cuando produce distinción entre
situaciones tributarias iguales si no existe para ello una justificación
objetiva y razonable.
575. Al respecto sirven de apoyo la tesis de jurisprudencia P./J. 42/97,
también emitida por el Pleno de este Alto Tribunal, consultable en la
página treinta y seis, tomo V, correspondiente al mes de junio de mil
novecientos noventa y siete; así como la diversa P./J. 24/2000,
sustentada también por ese propio órgano jurisdiccional, visible en la
página treinta y cinco, tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos
mil; ambas de la Novena Época del Semanario Judicial y su Gaceta, de
rubros y textos siguientes respectivamente:
“EQUIDAD TRIBUTARIA. IMPLICA QUE LAS NORMAS NO
DEN UN TRATO DIVERSO A SITUACIONES ANÁLOGAS O
UNO IGUAL A PERSONAS QUE ESTÁN EN SITUACIONES
DISPARES. El texto constitucional establece que todos los
hombres son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo,
religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o
social; en relación con la materia tributaria, consigna
expresamente el principio de equidad para que, con carácter
general, los Poderes públicos tengan en cuenta que los
particulares que se encuentren en la misma situación deben
ser tratados igualmente, sin privilegio ni favor. Conforme a
estas bases, el principio de equidad se configura como uno
de los valores superiores del ordenamiento jurídico, lo que
significa que ha de servir de criterio básico de la producción
normativa y de su posterior interpretación y aplicación. La
conservación de este principio, sin embargo, no supone que
todos los hombres sean iguales, con un patrimonio y
necesidades semejantes, ya que la propia Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos acepta y protege
la propiedad privada, la libertad económica, el derecho a la
herencia y otros derechos patrimoniales, de donde se
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