comisiones de la verdad final - Comisión de Derechos Humanos del ...

COMISIONES DE LA VERDAD340probar, 11 y que al ser la tortura un delito que sólo puede ser cometidopor servidores públicos 12 hay cierto grado de imparcialidad en elproceso, el cual es mayor o menor dependiendo de la implicacióndel gobierno y de la independencia del poder judicial. En general, esdifícil exigir la persecución de servidores públicos, que en casos detortura suelen ser policías, por la propia policía. De igual forma eltipo penal es limitado en muchos casos. Las legislaciones nacionalespocas veces reflejan los estándares internacionales, inclusivedefiniendo el delito, por lo que muchas veces actos de tortura noencajan en el tipo penal (es muy común que se trate la tortura comodelito de lesión grave, el cual, por ejemplo, no incluye torturaspsicológicas). Por otra parte, el propio proceso judicial puede sermuy dañino para las víctimas pues no sólo su participación es limitaday el recuento de la verdad muy parcial, sino que en muchos casos lostestimonios pueden volver a traumatizar a las víctimas.La vía civil presenta otros problemas similares, particularmenteel de que probar responsabilidad individual es sumamente difícil (enla mayoría de los casos el torturado no sabe quién fue su torturador)y no se puede demandar al Estado como tal. Inclusive, en muchoscasos se exige probar responsabilidad criminal antes de iniciar unademanda por daños. Por otra parte, un juicio civil no impide que elacusado salga del país y aun en los casos donde se ganan las demandases difícil ejecutar las sentencias por falta de fondos. En EstadosUnidos, por ejemplo, de todos los casos de daños por tortura, sóloen uno se logró ejecutar parte de la sentencia. 13Por otra parte, la posibilidad que existe de iniciar juicios basadosen jurisdicción universal no sólo es limitada por su reciente desarrollo11. No se toma en cuenta que los torturadores, al ser servidores públicos, procuran,en la mayoría de los casos, no dejar secuelas y no ser expuestos ante sus víctimas. Deigual forma, los intentos médicos de identificar secuelas que prueben que se haninfligido ciertas torturas, como el Protocolo de Estambul, han sido utilizados en losprocesos penales para negar la existencia de torturas cuando estas secuelas no sepresentan exactamente de la manera descrita en estos instrumentos. Por otra parte,hoy en día los jueces, en su mayoría, no son muy abiertos a aceptar dictámenespsicológicos como pruebas válidas en un juicio.12. Art. 2 de la Convención de la Tortura, nota 1.13. En el caso del general Suárez-Masón, de Argentina, se consiguió una parte delmonto total de la sentencia.