comisiones de la verdad final - Comisión de Derechos Humanos del ...

EL CASO DE MÉXICO424Estado perpetraron la masacre de 17 campesinos en el vado deAguas Blancas, en el estado de Guerrero.En Chiapas, mientras el gobierno federal dialogaba con elEZLN en 1995, se crearon diversos grupos paramilitares. La masacrede 45 indígenas en Acteal, Chiapas, en diciembre de 1997, perpetradapor un grupo paramilitar, puso en evidencia la existencia de estosgrupos.En 1996 y 1997, a raíz de la aparición el Ejército PopularRevolucionario (EPR) en Guerrero y Oaxaca, cientos de campesinose indígenas fueron detenidos y torturados, particularmente de laregión Loxichas de Oaxaca. Algunos de ellos, sentenciados con baseen confesiones obtenidas mediante tortura, están todavía en prisión.En Guerrero ocurrieron numerosas desapariciones, la mayoría porperiodos de entre dos meses y un año, pero varios siguen desaparecidos.El 7 de junio de 1998, en la comunidad de El Charco, enGuerrero, durante la noche el Ejército rodeó una escuela dondedormían cerca de cuarenta campesinos y miembros del ERPI (EjércitoRevolucionario del Pueblo Insurgente), existiendo evidencia abrumadorade que varios de ellos fueron ejecutados al rendirse y salirdel plantel. Pocos días después, el 10 de junio de 1998, más de milpolicías y militares realizaron tres operativos en las comunidades deEl Bosque, Unión Progreso y Chavajeval del municipio El Bosque,en Chiapas, para ejecutar órdenes de aprehensión contra quincepersonas. El saldo del operativo fue de al menos diez muertos,nueve heridos y 53 detenidos. Esto condujo a que el 12 de junio laAlta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanosexpresara su preocupación por los hechos y ofreciera asistenciatécnica al gobierno mexicano (HR/98/38).La impunidad ha sido la regla también en todos estos casos.En el informe sobre su visita a México, la Relatora Especial sobreEjecuciones señaló que los casos de Aguas Blancas, El Charco, Actealy El Bosque “muestran problemas profundamente arraigados conrespecto a la impunidad de los infractores de los derechos humanos,la total ineficacia del sistema judicial y una falta de transparencia enel funcionamiento de las instituciones estatales, que afectan al país ya toda su población” (E/CN.4/2000/3/Add.3 párr. 23).