comisiones de la verdad final - Comisión de Derechos Humanos del ...

LA EXPERIENCIA DE ARGENTINAno es el esencial; la razón de depurar se encuentra en la ética de lasinstituciones públicas y la obligación del Estado de prevenir y evitarnuevas violaciones de los derechos humanos.Esta justificación se encuentra claramente explicada en palabrasde la Corte Interamericana:El deber de prevención abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político,administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos[…] No es posible hacer una enumeración detallada de esas medidas,que varían según el derecho de que se trate y según las condicionespropias de cada Estado Parte […]. Pero sí es obvio, en cambio, que elsometimiento de detenidos a cuerpos represivos oficiales que impunemente practiquenla tortura y el asesinato representa, por sí mismo, una infracción al deber de prevenciónde violaciones a los derechos a la integridad física y a la vida, aun en elsupuesto de que una persona dada no haya sufrido torturas o no haya sido ultimada. 14Siguiendo una interpretación lógica de lo dicho por la Corte, se podríaconcluir que los Estados parte podrían incurrir en responsabilidadinternacional por infracción al deber de prevención si someten adetenidos a instituciones que mantienen en sus cuadros a agentes quepractiquen o hayan practicado impunemente torturas o asesinatos. 15En un sentido similar, enfatizando el efecto preventivo, sepronunció el Relator Especial sobre Impunidad de la Comisión deDerechos Humanos del Consejo Económico y Social de las NacionesUnidas, quien señaló a la depuración como una garantía de norepetición de las violaciones:39114. Corte IDH, caso Velásquez Rodríguez, sentencia del 29 de julio de 1988,parr. 175 (el destacado no es del original).15. Asimismo, debe tenerse en cuenta que el Estado está obligado a asegurar el librey pleno ejercicio de los derechos humanos y para ello debe “organizar todo el aparatogubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta elejercicio del poder público”, dentro de las que se encuentran, sin duda, las fuerzasarmadas y de seguridad. Como señala la Corte, esta obligación no se agota con laexistencia de un orden normativo “sino que comporta la necesidad de una conductagubernamental que asegure la existencia, en la realidad, de una eficaz garantía dellibre y pleno ejercicio de los derechos humanos”, Velásquez Rodríguez, op. cit.,parr. 166 y 167.