comisiones de la verdad final - Comisión de Derechos Humanos del ...

COMISIONES DE LA VERDAD388denomina así porque, si bien no se llaman de amnistía, persiguenel mismo efecto. La primera de ellas, de Punto final, modificó elrégimen de prescripción de la acción penal a un tiempo mínimo.Si en un plazo de sesenta días corridos contados a partir de lapromulgación de la ley los jueces no citaban a declaraciónindagatoria a los militares imputados, la acción penal se extinguiríaen su favor. Sin embargo, la presión de los organismos dederechos humanos y el compromiso de algunos jueces produjeronun efecto contrario al deseado por el gobierno. Los tribunales semantuvieron abiertos durante todo el tiempo de vacaciones —laley entró en vigor coincidiendo con la feria judicial— y de estamanera fueron iniciados e impulsados varios procesos y seprodujeron innumerables procesamientos de militares —más delos que esperaba el gobierno—. En consecuencia, unos mesesdespués, fue sancionada la Ley de Obediencia Debida, queestableció una presunción de jure, es decir, sin la posibilidad deprueba en contrario, que gran parte de los militares había actuadoobedeciendo órdenes, en estado de coerción bajo la autoridadsuperior y sin la facultad o posibilidad de inspección, oposicióno resistencia a ellas en cuanto a su oportunidad o legitimidad. Enconsecuencia, se les excluía de responsabilidad penal. Como se hadicho, en realidad esta ley determinó hechos y aplicó el Derecho,atribuciones del Poder Judicial. Es decir, esta ley era en realidad nimás ni menos que una sentencia emanada del Congreso, absolutoria y,por ser contraria a lo que las pruebas demostraban, arbitraria. 9Posteriormente, el ciclo de impunidad se terminó de cerrarcon los decretos de 1989 y 1990 del entonces presidente Menem.Ante la imposibilidad de conseguir justicia en Argentina, losfamiliares de las víctimas y los organismos de derechos humanosrecurrieron al Sistema Interamericano de Protección de DerechosHumanos. Se denunció al Estado argentino por violar la ConvenciónAmericana (CADH). Las denuncias se concentraban en la falta degarantías judiciales y protección judicial (arts. 8 y 25 del CADH)consecuencia de las leyes de impunidad mencionadas, ya que las9. Sancinetti, op. cit., p. 134.