la protección social de los trabajadores extranjeros - Seguridad Social

profesional ocurridos en España”; lo que se considera un reconocimiento indirecto delderecho a las prestaciones derivadas de contingencias profesionales.La cuestión es que algunos de estos argumentos han sido discutidos, y con razón,por lo que toca en estos momentos determinar qué fundamentación jurídica, si lahubiera, justificaría el que un trabajador extranjero autónomo, o del mar, por ejemplo,en situación irregular, podría recabar con éxito la protección social en relación con lascontingencias profesionales.Para empezar, hay que descartar el recurso a los Convenios núm. 19 y 97 OIT.Este último porque se trata de un Convenio referido exclusivamente a los migrantesregulares, lo que no es el caso (ALARCÓN CARACUEL, 2005, p. 95). Y, en relacióncon el primero, porque, si bien es verdad que dicho Convenio reconoce que la igualdadde trato entre nacionales y extranjeros no está supeditada a “ninguna condición deresidencia”, hay que recordar que esa igualdad viene referida a una circunstancia tanconcreta como el percibo de la indemnización por accidente de trabajo por parte de lostrabajadores extranjeros o sus derechohabientes, y lo que se pretende es que lasexigencias de residencia no dificulten el percibo de la indemnización cuando losbeneficiarios, por la razón que sea, ya no residen en España (RODRÍGUEZ CARDO,2006, p. 236).Igualmente discutible resulta el argumento del tenor del art. 1.4 b) de la Ordende 28 de diciembre de 1966, desde el momento en que, como en algún caso ya se haexpresado (RODRIGUEZ CARDO, 2006, p. 237-239), se trata de una norma quehistóricamente sólo se explica en el contexto del tenor del art. 7.4 LGSS, en suredacción anterior a la reforma operada del mismo por la Ley 13/1996, norma ésta queterminó con la reciprocidad en el caso de las prestaciones contributivas, por lo que laOrden ministerial hay que considerarla de una virtualidad jurídica inexistente, si noderogada tácitamente. Añádase si se quiere la circunstancia de que el tenor de la OrdenMinisterial se refiere a la reciprocidad respecto de los extranjeros “residentes”, lo quedescarta la utilidad de la norma a efectos del análisis que se está haciendo aquí(CEINOS SUÁREZ, 2006, p. 446).Dificultades también registra el recurso al principio de automaticidad del art.125.3 LGSS, desde el momento en que se trata de una norma que parte de la base de lainclusión de los beneficiarios de dicho principio en el campo de aplicación del Sistemade Seguridad Social (CEINOS SUÁREZ, 2006, p. 444-445). Siendo eso así, parecerazonable considerar que dicho principio no pueda ser invocado en el caso de lostrabajadores extranjeros irregulares, al menos en los términos estrictos del art. 125.3LGSS.¿Qué queda por tanto como argumento? Pues fundamentalmente, el yamencionado art. 36.3 párrafo 2º LOEx, en el que se puede considerar contenido elprincipio de automaticidad, en este caso referido específicamente a los trabajadores quesin autorización para trabajar, sean o no residentes legales, realicen un trabajo efectivo.Unos trabajadores respecto de los que la norma legal reconoce efectos jurídicos a larelación laboral de facto que mantienen con el empresario, no sólo respecto a susderechos laborales – se dice, como hemos señalado antes, que la falta de autorización“no invalidará el contrato de trabajo respecto a los derechos del trabajador extranjero”-,sino también en relación a las prestaciones que “pudieran corresponderle”, y ahí se160