la protección social de los trabajadores extranjeros - Seguridad Social

Galicia -LO 1/1981-, Navarra -LO 12/1982- y el País Vasco -LO 3/1979-). Junto alanterior, hay un segundo grupo de Estatutos que se atribuyen competencias exclusivasen “Asistencia y bienestar social”, una expresión que parte de la competencia que la CEpermite asumir a las CCAA, para ampliarla utilizando un concepto distinto (que no estáen el Texto Constitucional) y expansivo (que permite incluir una importante variedadde actuaciones), que, además, tampoco se reserva a la competencia estatal en el art. 149de la CE. Este modelo ha sido seguido por Asturias (art. 10. 24 de la LO 7/1981),Extremadura (art. 7.20 de la LO 1/1983) y Murcia (art. 10.18 de la LO 4/1982); algunaComunidad, como Cantabria, parte de la misma competencia para extenderla, también,al llamado “desarrollo comunitario” (art. 24.22 de la LO 8/81). Como se puedeobservar, todos los Textos incluidos en estos dos primeros grupos se promulgaron enlos años inmediatamente posteriores a la aprobación de la Constitución.Se puede constituir un tercer grupo con otros Estatutos de Autonomías que seatribuyen competencias exclusivas en materia de “Asistencia Social y ServiciosSociales”; es decir, en estos Textos se respeta la competencia atribuida a las CCAA, yse asume otra que, según la ordenación contenida en la LGSS, se sitúa en el marco delas competencias estatales. Así sucede en los Estatutos de Canarias (véase el art. 30.13de la LO 10/82), de Castilla y León (art. 70.10 de la LO 14/2007), de Castilla-LaMancha (art. 31.20 LO 9/82), y de La Rioja (art. 8.30 de la LO 3/1982); en algunos deéstos, se atribuyen también las CCAA competencias adicionales como el anteriormentemencionado “desarrollo comunitario”.Los demás Estatutos de Autonomías dejan de utilizar el término “asistenciasocial” y, bien utilizan un concepto nuevo como el de “acción social”, que unas vecesaparece indeterminado (como sucede en el art. 30.15 del Estatuto de las Islas Balearesen el que se señala la competencia exclusiva en materia de “Acción y bienestar social”)y otras, con un contenido concreto (como ocurre en el art. 71.34 del Estatuto deAragón, donde expresamente se atribuye la CCAA competencia en materia de acciónsocial que, como en el propio precepto se dice, “comprende la ordenación,organización y desarrollo de un sistema público de servicios sociales..”), o biendefinen, sin más, la competencia de los poderes autonómicos, exclusivamente, enmateria de servicios sociales. Así lo hace, sin mayor precisión, el Estatuto de Valencia(art. 49.24 de la LO 5/1982) y los Estatutos de Andalucía y Cataluña (arts. 61 de la LO2/2007 y 166 de la LO 6/2006, respectivamente), en estos dos últimos casos, con unaprolija exposición de las actuaciones y materias que se incluyen dentro de lacompetencia autonómica. En fin, una última variedad la constituye el Estatuto de laComunidad de Madrid, en el que no se utiliza ninguno de estos conceptos, sino quedirectamente se atribuye a la Comunidad competencias en materias concretas orespecto a colectivos específicos (como los ciudadanos de la tercera edad, losemigrantes, minusválidos, etc.) materias y colectivos que, en definitiva, integran elámbito objetivo y subjetivo habitual de los servicios sociales.Cierta variedad presentan, aunque en menor grado, las leyes autonómicas: lashay que regulan, lo que denominan “Acción social” (así sucede con las Leyes deAragón, Castilla y León y las Islas Baleares), mientras que otras, la mayoría,expresamente aparecen rubricadas como Leyes de Servicios Sociales (es ladenominación que utilizan las leyes de Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria,Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia,Navarra, País Vasco y Valencia). No obstante, y respecto al primer grupo, se ha de190