la protección social de los trabajadores extranjeros - Seguridad Social

a) Aplicación de la Legislación de Extranjería: diferencias entre regularese irregulares.En el ámbito nacional, y respecto al tema que corresponde a este apartado, esimprescindible un análisis detenido del art. 14 LOEx, específicamente destinado aseñalar los derechos que corresponden a los extranjeros en materia de Seguridad Socialy de Servicios Sociales. Como se podrá apreciar, en este precepto el problema deriva dela redacción, imprecisa y general, de la norma y, en esta situación, de la ausencia deuna disposición que aclare, sin dejar lugar para la duda, a qué prestaciones y serviciosde protección social tienen derecho los extranjeros que se encuentren en España, tantolos que posean las autorizaciones necesarias para residir legalmente en este país, comolos que se hallen de forma irregular en territorio español.Efectivamente, en materia de servicios sociales los apartados segundo y tercerodel citado art. 14 LOEx diferencian los derechos atribuidos a los extranjeros que seencuentren en este país según las condiciones de su estancia en España, de manera queatribuyen a los residentes (esto es, según el art. 33 del RD 2393/2004, de 30 dediciembre –que contiene el reglamento de desarrollo de la LO 14/2000- a aquellosextranjeros que se encuentren en España y sean titulares de una autorización pararesidir en el territorio español, sea de forma temporal o permanente-), derechos que seniegan a quienes no residan legalmente en él. En concreto, según dispone el citadoartículo, mientras que los extranjeros que residan legalmente en España tienen derechoa los servicios y prestaciones sociales, “tanto a los generales y básicos como a losespecíficos”, en las mismas condiciones que los españoles, “los extranjeros, cualquieraque sea su situación administrativa” (ha de entenderse que, en este segundo supuesto,por exclusión, se refiere el legislador a quienes vivan irregularmente en España, entanto que la situación de los regulares ya ha quedado definida en el párrafo anterior),sólo tienen derecho “a los servicios y prestaciones básicas”.La aplicación de tales preceptos no plantearía problema alguno si dichosconceptos se correspondieran con una clasificación normativa expresa de lasprestaciones y servicios sociales, esto es, si en alguna norma se dijera cuáles han deconsiderarse generales y básicos, y cuáles se califican como específicos. Pero no es así,ni la LGSS, ni la propia Ley de Extranjería –en cualquiera de sus versiones-, ni sudesarrollo reglamentario, ni ninguna otra norma de carácter general, contiene talesdefiniciones. Únicamente, las leyes de Servicios Sociales de las CCAA, al definir laestructura del sistema, califican de forma desigual ciertos servicios como “servicios deatención primaria” (Cantabria, Galicia, Madrid y Murcia), servicios “comunitarios”(Andalucía, Aragón y La Rioja), “generales” (Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-LaMancha y Valencia), “de base” (Extremadura, Navarra y País Vasco) o “básicos”(Castilla y León, Cataluña), y a otros como “servicios de atención especializada”(Cantabria, Galicia y Madrid), servicios “especializados” (Andalucía, Aragón, Asturias,Canarias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Murcia, Navarra PaísVasco y Valencia) o “específicos” (Baleares, Castilla y León). En estos términos (decoincidencia o, al menos, similitud de conceptos) parece lógico concluir señalando que,la referencia de la LOEx a las prestaciones y servicios generales y básicos se refiere alos que las leyes autonómicas de servicios sociales califican como servicios de atenciónprimaria, comunitarios, generales, de base o básicos, mientras que los que la Ley estataldenomina como específicos se corresponden con los que, con esta denominación o unasimilar (como servicios especializados) aparecen en las leyes de las CCAA. En196