la protección social de los trabajadores extranjeros - Seguridad Social

cierto tiempo previo a que tenga lugar la solicitud. Ni siquiera en este extremo puedeaplicarse lo dispuesto en el art. 14.3 LOEx cuando señala que “los extranjeros,cualquiera que sea su situación administrativa, tienen derecho a los servicios yprestaciones básicas”; porque dentro de estas sólo han de comprenderse los serviciosgenerales de información, integración y ayuda, pero en ningún caso las prestaciones nocontributivas. En todo caso, prestaciones que no se adscriben, como las no contib utivas,al ámbito institucional del Sistema de Seguridad Social.En definitiva, por lo que hace a las prestaciones no contributivas, la residenciaen España constituye la exigencia principal para su acceso; razones relacionadas con elprincipio de solidaridad que inspira estas prestaciones (financiadas vía impuestos) ycuya expresión se limita, como no podía ser de otra manera, a quienes, mediante elcumplimiento de la exigencia de residencia, forman parte de la comunidad en la que esasolidaridad se expresa. Tan relevante es la residencia como factor de vinculaciónsubjetiva con el nivel no contributivo del Sistema (se exige tanto a los españoles como alos extranjeros) que generalmente no basta con residir en el momento de la solicitud,sino que además dicha residencia debe ser permanente como característica previa.En este sentido se ha pronunciado, entre otros, el Tribunal Superior de Justiciade la Comunidad de Madrid, en sentencia de fecha 15 de septiembre de 2003 (AS2004\1135), en relación con la solicitud de pensión no contributiva de invalidez porparte de quien sí tenía permanencia en España durante más de cinco años pero no teníapermiso de residencia. El Tribunal estima que sólo se pueden considerar extranjerosresidentes las personas amparadas por un permiso de residencia concedido por lasautoridades del Ministerio del Interior, que es el documento que reconoce y otorga lacondición de residente legal. Resulta interesante la sentencia si se tiene en cuenta que laparte demandante estaba casada con un ciudadano español, tenía tres hijos y acreditabaun número de años superior a cinco de permanencia en España (que son los exigidospara poder acceder a la prestación de invalidez no contributiva).Pero lo que desde la LOEx se está imponiendo (de manera semejante a lo queestablece la LGSS) es una exigencia de residencia legal, algo que sólo procede entenderque se ha conseguido con el oportuno permiso de residencia; lo contrario, supondríadotar de una elevada dosis de inseguridad jurídica el reconocimiento de unasprestaciones asentadas sobre un principio de solidaridad prescindiendo de un requisitoque es predicable igualmente para los españoles. Así se expresa la citada sentencia,fundamento jurídico cuarto, cuando señala que “las prestaciones no contributivasconstituyen una manifestación de la solidaridad nacional, lo que determina que esténprevistas para quienes demuestran tener un cierto arraigo en España, una vinculaciónque sea la contrapartida al hecho de sufragarse, vía presupuestos generales del Estado,con cargo a los impuestos que se satisfacen por quienes en ella viven y tienen susactividades. Constituye, en consecuencia, este requisito un modo de salvaguarda doble:por un lado (sentido positivo), que la ayuda de la sociedad se centre entre quienes,necesitándolo, en ella están arraigados y en quienes, precisándolo, a ella estánvinculados, mientras que por otro (sentido negativo), se quieren así evitar losdesplazamientos o inmigraciones más o menos masivos de población marginal enbúsqueda de este tipo de prestaciones”. En la misma línea se manifiesta la Sentenciadel Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 2006 (JUR 2006/148525), en relacióncon la solicitud de prestación no contributiva de jubilación.180