la protección social de los trabajadores extranjeros - Seguridad Social

cierta relajación en sus requisitos a la hora de reconocer el derecho a los servicios deinserción, sino porque, desde nuestro punto de vista, debe existir un cierto grado deindependencia entre las prestaciones económicas y las prestaciones de inserción conobjeto de que se puedan en tener en cuenta las peculiaridades de cada uno de loscolectivos afectados por las situaciones de exclusión social.3.2.1. La prestación económica de garantía de recursos mínimos.Como ya se ha tenido ocasión de adelantar, la generalidad de los Programasexistentes en el ámbito autonómico para erradicar y prevenir las situaciones deexclusión social contienen una prestación económica básica, de pago periódico,devengo mensual y carácter temporal, dirigida a satisfacer las necesidades vitales delindividuo. Y es precisamente en el acceso a esta prestación por parte de los extranjerosno comunitarios donde encuentra una variedad inusitada de regulaciones que, a efectosexpositivos, se pueden sintetizar en varios grupos: aquellas que exigen elempadronamiento de los sujetos beneficiarios (o, de forma alternativa, la residenciaininterrumpida por un determinado tiempo) y aquellas otras que exigen, junto alempadronamiento, períodos adicionales de tiempo de residencia más o menosprolongados.En el primer grupo se incluirían aquellas CCAA que requieren, como requisitofundamental, el empadronamiento de los beneficiarios, si bien, en la mayoría de lossupuestos, se suele exigir por un período determinado de tiempo que debe ser anterior ala solicitud. El supuesto más claro de simple empadronamiento, sin necesidad de unperiodo de residencia adicional, es el caso de Andalucía (art. 2 del Decreto 2/1999, de12 de enero), si bien en este caso se veda a los extranjeros no comunitarios laposibilidad de constituir unidades unipersonales, puesto que para ello es necesario quela persona, mayor de 25 años y que viva sola, sea ciudadano de la Unión Europea (art. 3del Decreto 2/1999, de 12 de enero). Es común que, de forma alternativa alempadronamiento, se exija acreditación de residencia efectiva y continuada por elmismo tiempo. Así ocurre, por ejemplo, con el Principado de Asturias que requiere unperíodo mínimo e ininterrumpido de residencia de dos años (arts. 9 y 10 de la Ley4/2005, de 28 de octubre), o con la Comunidad Autónoma de Extremadura, que permitesustituir el empadronamiento por cualquier otro medio de prueba que acreditefehacientemente la residencia en la Comunidad durante el año anterior a la presentaciónde la solicitud [art. 4.2 ap. a) Decreto 28/1999, de 23 de Febrero]. Algo más concisa, encuanto se refiere al concepto de residencia legal, se presenta la regulación de laComunidad Autónoma del País Vasco que, de forma alternativa al empadronamientopor período de un año, exige a los extranjeros no comunitarios acreditar un total de tresaños de residencia legal, de los cuales doce meses han de ser inmediatamente anterioresa la presentación de la solicitud (art. 18. ap. b. Ley 12/1998, de 22 de Mayo, y art. 3.2Decreto 198/1999, de 20 de abril).En un segundo grupo se podrían ubicar aquellas autonomías que contemplanambos requisitos de forma acumulativa, por ejemplo las Comunidades de Aragón oBaleares, que al período de empadronamiento adicionan la residencia efectiva por unperíodo normalmente inferior, en estos casos de un año (art. 6 Decreto 117/2001, de 28de septiembre, de la Comunidad de las Islas Baleares), o, como en el caso de Castilla la208