la protección social de los trabajadores extranjeros - Seguridad Social

de estos Programas (así, por citar algunas, la Ley 5/1995, de 23 de mayo de Castilla laMancha requiere los mismos requisitos para el acceso al ingreso mínimo de solidaridady la participación en los programas de inserción, esto es, además de los requisitosgenéricos, el empadronamiento y un período de residencia efectiva y continuada de almenos dos años. También la Ley 3/2007, de 16 de marzo, de Renta Básica de Inserciónde Murcia exige residencia legal en territorio nacional por un período no inferior de 5años y estar empadronado en la región de Murcia durante el año anterior a la solicitud).Sólo aisladamente se puede encontrar algún supuesto en el que se reducenconsiderablemente los períodos de residencia efectiva con respecto a los que se habíafijado para acceder a la prestación económica (el art. 29 de la Ley 1/2007, de laComunidad Autónoma de Canarias, exige un año frente a los tres requeridos parasolicitar el ingreso de inserción canario).El problema de las prestaciones de inserción, cuando se trata de aplicarlas alcolectivo de extranjeros no comunitarios, se va a manifestar, sobre todo, en aquellasCCAA que no establecen la residencia legal como requisito indispensable,especialmente porque, independientemente de esta circunstancia, el acceso a lasmedidas de inserción va a depender del tipo de prestación o servicio al que se estéhaciendo referencia. Independientemente de lo que diga la norma en este sentido,existen un conjunto de medidas, las medidas de apoyo a la inserción laboral, queclaramente van a chocar con la situación de irregularidad en la que se encuentre elextranjero, y ello porque, en estos casos, además de las medidas formativas, la mayoríade las regulaciones contemplan la inserción laboral mediante la creación de empresas oentidades colaboradoras en la inserción, de forma que, siendo el objetivo fundamentalfomentar la contratación de estas personas, es imprescindible que cuenten con unaautorización administrativa que les habilite para trabajar en nuestro país.Este dato no tendría demasiada trascendencia si los distintos Programas secentraran efectivamente en medidas de inserción social, sin darle un excesivoprotagonismo, como sucede en la realidad, a las medidas de inserción laboral. Muchasde estas normas, como ya se ha puesto de manifiesto, siguen vinculando la percepciónde la prestación económica básica al seguimiento de programas y medidas de inserciónlaboral, sin tener en cuenta que, en numerosas circunstancias, este tipo de medidas nopueden ni deben integrar los Planes Individuales de Inserción. Resulta significativo aestos efectos que algunos de los Programas en los que se contempla expresamente unadesvinculación circunstancial entre ambas prestaciones sean precisamente aquellos enlos no se permite participar a los extranjeros en situación de irregularidad. A pesar deello, consideramos conveniente hacer una reflexión sobre las distintas formas dearticular las prestaciones que se están desarrollando por parte de las CCAA.,independientemente de los requisitos de acceso, con objeto de determinar cuál sería elmodelo más adecuado para atajar las situaciones de exclusión que sufre el colectivo deextranjeros no comunitarios en general.Existen Programas en los que se establece una sutil diferencia entre Planes deApoyo Personal y Atención Individualizada y Planes de Inserción (concretamente, Ley5/1995, de 23 de marzo, de la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha). Losprimeros contienen acciones de apoyo personal a la inserción social con objeto defavorecer la utilización de los recursos educativos, sanitarios y sociales, y a potenciarlas capacidades relacionales y de convivencia para facilitar el desarrollo armónico delas personas en su entorno socio-laboral (art. 41). En cambio, los segundos, con un217