la protección social de los trabajadores extranjeros - Seguridad Social

estancia pide el permiso de trabajo; concedido éste, se entiende implícita la autorizaciónpara residir y puede ya empezar a trabajar; pero esta autorización implícita estásometida a un plazo de caducidad: si en el plazo de un mes no se solicita “elcorrespondiente visado” –para residir y trabajar- aquella autorización implícita (quizá,pues, sería más apropiado calificarla como provisional) se extingue, si bien sería másefectivo que el plazo del mes corriera no desde la notificación al empresario, sino altrabajador, que es quien debe solicitar el visado.Y, en efecto, en coherencia con ese planteamiento de simultaneidad entreautorización de residencia y permiso de trabajo se encuentra también el nuevo artículo25 bis introducido por la LO 14/2003 que, bajo la rúbrica “tipos de visados”, contienelos tradicionales (de tránsito, de estancia, de residencia y de estudios) pero añade el“visado de trabajo y residencia”. Y, como es lógico, ese es también el planteamientoque ha prevalecido en la redacción del Reglamento de extranjería vigente, cuyo artículo49 –y otros concordantes- refunde ambos actos administrativos en una sola“autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena” que, comoordena su artículo 52, se incorporará al correspondiente visado de residencia y trabajopor cuenta ajena.Señalemos para terminar este punto que la LO 14/2003 contiene otra novedadque puede tener cierta importancia. Se trata del “visado para búsqueda de empleo”, unnuevo instrumento que aparece en el párrafo 3 del artículo 39 –que es el referido al“contingente de trabajadores extranjeros”- y que, bien empleado, podría ser una vía parasuperar las dificultades que, en ciertas actividades, se plantean para que el trabajadorextranjero consiga una oferta de empleo antes de salir de su país, lo que le obliga aintentar entrar en España por cualquier procedimiento para buscar trabajo una vez aquí.En conclusión, el derecho a inmigrar está condicionado en nuestra legislaciónordinaria interna a la previa obtención de una autorización administrativa de efectomúltiple –para residir y trabajar- que se incorpora al visado que franquea al inmigrantela entrada legal en nuestro territorio, y que determina la situación regular del trabajadorextranjero. Situación que permite su equiparación, a efectos de incorporación al Sistemade Seguridad Social español, con los ciudadanos españoles.Igualmente, por una parte, la Ley 5/1984, de 26 de marzo, desarrolladareglamentariamente por el RD 203/1995, de 10 de febrero, dispone que, entre otrasmedidas, el derecho de asilo consiste en autorizar a los extranjeros a los que sereconozca la condición de refugiado a residir y a desarrollar actividades laborales,profesionales y mercantiles durante el tiempo que subsistan las circunstancias quemotivaron la solicitud de asilo (art. 2). Así pues, la concesión de asilo implica laautorización de residencia en España, la autorización para desarrollar actividadeslaborales, profesionales, la expedición del documento de identidad necesario y, en sucaso, de viaje (art. 13 Ley 5/1984, de 26 de marzo). Incluso la mera solicitud de asilopermitirá que el solicitante pueda ser autorizado para trabajar (art. 15.2 RD 2003/1995,de 10 de febrero). Con ello, legalmente se considera que el refugiado, titular osolicitante del derecho asilo se encuentra en situación regular en España, lo que lefaculta para acceder al Sistema de Seguridad Social en los mismos términos que losextranjeros que disponen de las correspondientes autorizaciones para residir y trabajaren territorio español, como expresamente señala la mencionada norma reglamentaria89