la protección social de los trabajadores extranjeros - Seguridad Social

Así pues, en principio, la Constitución no contiene precepto alguno paragarantizar el derecho a inmigrar de quienes no son ciudadanos del Estado español y, porconsiguiente, cualquier decisión que adopte el legislador ordinario será conforme altexto constitucional pues éste guarda silencio al respecto. Eso es lo que parece decirclaramente el artículo 13 de la CE al utilizar la expresión “en España”. Sin embargo,esta respuesta –expresada únicamente en tales términos y pese a que, en esencia, puedaser correcta- parece demasiado simplista. Y es que el citado artículo 13 tiene unaredacción que es susceptible de alguna lectura algo más compleja. Piénsese solamenteen esto: al decir “en España” y no “legalmente en España” podría interpretarse –literalmente- que bastaría con que un extranjero consiguiese entrar en nuestro país, porel procedimiento que fuera, para que se convirtiera en titular de todos los derechosconstitucionales. Si, para evitar semejante consecuencia absurda, se interpreta que, enrealidad, lo que quiere decir el precepto es “legalmente en España”, la conclusión seríaexactamente la contraria: que quien ha entrado ilegalmente no es titular de ninguno delos derechos constitucionales: lo cual encierra una aberración mayor que la anterior.Procede, por consiguiente, examinar lo que ha dicho el Tribunal Constitucional alrespecto, para aclarar el alcance del artículo 13 de la CE.Tres son los problemas interpretativos que plantea el artículo 13.1 de la CE. Elprimero consiste en determinar a qué se refiere cuando habla de “libertades públicas”.El segundo, si la remisión a los tratados y a la ley significa una desconstitucionalizaciónde los “derechos constitucionales” –valga la paradoja- de los extranjeros. Y el tercero, siesos “extranjeros” son todos los que se encuentren en España o solamente algunos: losque estén en situación regular. No son pocos problemas para tratarse de un precepto tancorto pero, afortunadamente, todos ellos están, en mayor o menor medida, resueltos porel Tribunal Constitucional. Y lo hizo ya tempranamente, en la fundamental STC107/1984, de 23 de noviembre. En ella, el TC estableció una doctrina importante y norestrictiva sobre los tres problemas interpretativos, que merece la pena sintetizar en estemomento, puesto que la misma no ha sido, en lo esencial, superada en las variasdocenas de sentencias posteriores recaídas sobre la materia.En primer lugar, la pregunta sobre el alcance de la expresión “libertadespúblicas” del artículo 13.1 CE es pertinente porque, si nos atuviéramos al tenor literalde los rótulos que identifican los diversos Capítulos y Secciones del Título I de laConstitución, las libertades públicas no serían más que una parte de la Sección 1ª delCapítulo II. Pero tal interpretación ha sido rechazada desde temprana hora por ladoctrina constitucionalista y por el propio TC y por ello, en la STC que estamosanalizando, la cuestión se despacha rápida y tajantemente con una mera frase entreguiones que aparece en el FJ 3. En éste se trata de determinar el alcance del artículo13.1 CE y, tras reproducirlo, dice el TC: “Ello supone que el disfrute de los derechos ylibertades – el término no tiene obviamente un significadorestrictivo reconocido en el título primero de la Constitución...” (subrayados nuestros).Está claro, pues, que lo establecido en el artículo 13.1 debe entenderse referido a todo elTítulo I de la Constitución, incluyendo todo tipo de derechos y libertadesconstitucionales y también los denominados principios rectores de la política social yeconómica, algunos de los cuales conciernen especialmente a los inmigrantes –comoocurre con lo referente a la Seguridad Social: artículo 41 CE- y algunos de los cuales,por cierto, aparecen formulados no como meros principios sino como verdaderosderechos: por ejemplo, el “derecho a la protección de la salud”, que se reconoce en elartículo 43.1 de la CE.85