la protección social de los trabajadores extranjeros - Seguridad Social

ámbito subjetivo de protección, en los párrafos siguientes se extiende el derecho apersonas que no cumplen las condiciones de nacionalidad y residencia exigidas. Enconcreto, y ya sólo en relación a la primera condición señalada, en el segundo apartadodel mismo artículo se extiende la protección a las personas que carezcan de lanacionalidad española, en este caso, en los términos establecidos en la Ley Orgánica4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y suintegración social, en los tratados internacionales y en los convenios que se establezcancon los países de origen. Si el dependiente es menor de edad, el precepto legal se remitea lo dispuesto en las Leyes del Menor vigentes, tanto en el ámbito estatal comoautonómico, así como en los tratados internacionales.Ante la ordenación legal de esta materia se hace necesario el estudio de lanormativa aplicable, fundamentalmente, de la legislación dictada en materia deExtranjería. En este estudio normativo, además, se han de analizar tanto las normasestatales como (por remisión de las mismas o por las competencias que, endeterminadas cuestiones, ejercen las CCAA) las disposiciones autonómicas aprobadasal efecto. Por el contrario, el análisis efectuado en otros capítulos de este estudio de lostratados internacionales y de los convenios suscritos por España con terceros países enmateria de protección social, explica que no se vuelva en este momento a analizar eltema, remitiéndonos a lo dicho en aquella parte de la investigación.En primer lugar, y como se acaba de indicar, para determinar el derecho de losextranjeros mayores de edad a los servicios y prestaciones del Sistema de Atención a laDependencia, es necesario tener en cuenta lo dispuesto en el art. 14 LOEx,específicamente destinado a señalar los derechos que corresponden a los extranjeros enmateria de Seguridad Social y de Servicios Sociales. En concreto, en este tema esnecesario aplicar la regulación dispuesta en la legislación de Extranjería respecto a estosúltimos, en tanto que, como se deduce de la propia Ley 39/2006, la atención de ladependencia ha de materializarse en España a través de las Redes de Servicios Socialesde las Comunidades Autónomas (compruébese en este sentido lo dispuesto en laExposición de Motivos de la Ley y, más concretamente, la redacción del art. 16.1 de laLD, donde expresamente se dice que “Las prestaciones y servicios establecidos en estaLey se integran en la Red de Servicios Sociales de las respectivas ComunidadesAutónomas en el ámbito de las competencias que las mismas tienen asumidas”). Sobreeste particular, se ha de recordar cómo el citado art. 14 de la LOEx distingue el derechoque corresponde a los extranjeros según sus condiciones de residencia en España,atribuyendo a los que residan legalmente en este país el derecho a todas las prestacionesy servicios sociales, tanto a los generales y básicos como a los específicos, en lasmismas condiciones que los españoles, y limitando el derecho de quienes se encuentrenen él de forma irregular, exclusivamente, a los servicios básicos.Partiendo de las consideraciones efectuadas en un epígrafe anterior de estemismo apartado, la cuestión principal ahora es determinar qué consideración merecenlas prestaciones y servicios del SAAD, esto es, si han de integrarse entre lasprestaciones básicas y por ello han de extenderse a todos los extranjeros, incluso a losirregulares, o si se han de considerar como un servicio especializado y con ello limitarsu reconocimiento a los que se encuentren regularmente en España residiendo en elterritorio de alguna de las CCAA (que será entonces la encargada de abonar laprestación o satisfacer el servicio). Para resolver esta cuestión, y dado que en ningúncaso la Ley de Dependencia aclara el carácter de las medidas de atención que prevé,225