la protección social de los trabajadores extranjeros - Seguridad Social

cruzar sus fronteras y el interés de los mismos Estados a controlar, como hemos dicho,sus respectivos mercados de trabajo. El punto de equilibrio entre esos dos polos esevidente que se sitúa hoy en día más cerca del poder de los diversos Estados que delderecho de cada persona humana a ser reconocida como “ciudadano del mundo”. Perono es menos evidente que en un mundo marcado por el fenómeno de la globalización entodas las esferas imaginables ese punto de equilibrio irá desplazándose hacia el poloopuesto. Lo está haciendo ya: de hecho, las normas estatales (en general, y las españolasen particular) ni afirman ni niegan el derecho a inmigrar: pasan directamente a regularlosometiendo su ejercicio a la autorización del Estado, lo que implica precisamente sureconocimiento. Lo cual, como es bien sabido, es común a todo derecho: sureconocimiento normativo implica siempre, necesariamente, su limitación, puesto queningún derecho es ilimitado en su ejercicio.En cambio, las normas internacionales reconocen expresamente, con mayor omenor amplitud y con mayor o menor eficacia jurídica, el derecho a inmigrar,configurándolo como un derecho más, si se quiere universal, ejercitable por todapersona. Pero, al mismo tiempo, no puede olvidarse que los derechos reconocidosinternacionalmente se aplican de acuerdo con las normas nacionales, que sonprecisamente las que los regulan, delimitando su contenido y alcance. Se trata, portanto, como sucede con la mayoría de los derechos de amplio alcance, de un derechoconfigurado en los tres planos normativos: internacional, constitucional y legal, del quea su vez depende el ejercicio de otros derechos, como son, particularmente, el derechoal trabajo y el derecho a la Seguridad Social.1.1. La configuración internacional del derecho a inmigrar.El reconocimiento de este derecho se encuentra en los grandes textos jurídicosinternacionales, pues, como se acaba de mencionar, no se trata de un derecho que seagote en el propio ejercicio de su contenido, si no que es principio y fin del ejercicio deotros derechos, laborales y de Seguridad Social específicamente, ya que estos derechosse aplican teniendo como presupuesto el derecho a inmigrar. En primer lugar, el derechoa inmigrar se recoge en un texto de gran significación jurídico-política como es laDUDH, cuyo artículo13 dice: “Toda persona tiene derecho a circular libremente y aelegir su residencia en el territorio de un Estado”. Sin embargo, la vinculabilidadjurídica de la Declaración es prácticamente nula, ya que sus artículos expresan más bienun programa ideal para la convivencia de los pueblos y de los individuos que unconjunto normativo de obligado cumplimiento por los poderes del mundo –los Estados,en concreto- que, en definitiva conservan la posibilidad de alterar algunos de lospostulados de la Declaración.En segundo lugar, con mayor grado de eficacia jurídica y, por tanto, con uncontenido más restrictivo, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos dede 1966, en su artículo 12.1 establece que “toda persona que se halle legalmente en elterritorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él y a escogerlibremente en él su residencia”. De este modo, la libertad de circulación y de residenciaqueda restringida a las personas que cumplan un requisito previo, que no es otro queestar legalmente en el Estado en cuestión, lo que significa ni más ni menos que debe83