la protección social de los trabajadores extranjeros - Seguridad Social

Mancha, que exige tanto la residencia efectiva y continuada como empadronamiento porel mismo período, los dos años inmediatamente anteriores (art. 53 ap. a de la Ley5/1995, de 23 de marzo, de la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha). No faltansupuestos en los que el período de residencia efectiva es superior al requerido para elempadronamiento. Acogiendo esta modalidad, la Comunidad Autónoma de Canariasexige empadronamiento previo por seis meses y residencia ininterrumpida durante lostres años anteriores a la fecha de solicitud, extendiendo estas exigencias a todos losmiembros de la unidad de convivencia (art. 7 Ley 1/2007, de 17 de enero de laComunidad Autónoma Canaria) y la de Cantabria requiere empadronamiento (sinreferencia a plazo) y residencia efectiva en los 12 meses anteriores a la presentación dela solicitud ( art. 28 de la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de Servicios Sociales).La singularidad que presentan las regulaciones mencionadas es que, aunacogiendo como requisito fundamental la residencia de los posibles beneficiarios, nohacen referencia expresa al concepto de residencia legal, como sucede en otras CCAA,lo que puede llevar a incurrir en ciertas confusiones si se parte de una interpretaciónmás laxa del concepto de residencia. A estos efectos, se ha de advertir que, dado que elde residencia es un concepto eminentemente jurídico, definido específicamente en elcaso de los inmigrantes no comunitarios en la legislación aplicable, se ha de entenderque reúnen ese requisito “los extranjeros que se encuentren en España y sean titularesde una autorización para residir”, ya se trate de residencia temporal o permanente (arts.30 bis y ss. de la LOEx. y arts. 33 y ss. del RELOEX).De hecho, son precisamente las regulaciones de estas CCAA las que exigen, aefectos de obtener y mantener el derecho a la prestación económica, que los sujetos seinscriban como demandantes de empleo (circunstancia que no puede producirse si elextranjero se encuentra en situación de irregularidad o en aquellos casos en que, a pesarde ser residente, no esté autorizado para desempeñar una prestación de servicios ennuestro país), y las que claramente especifican en sus respectivos desarrollosreglamentarios que la solicitud debe ir acompañada, en el casos de los extranjeros, de ladocumentación que acredite su residencia legal en el territorio de la ComunidadAutónoma o bien su condición de refugiado, solicitud de asilo o la autorización depermanencia en España por razones humanitarias o de interés social ( art. 11 Decreto136/2007, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Prestación Canariade Inserción).Por último, hay que incluir en este segundo grupo aquellas CCAA que, sinninguna ambivalencia, exigen la residencia legal de los beneficiarios por períodos detiempo más o menos prolongados. Aquí se ubicaría la Comunidad Autónoma deMadrid, puesto que, además de referirse a la residencia legal en la Comunidad (art. 2Ley 15/2001, de 27 de diciembre), termina vinculando esta exigencia con la necesidadde estar empadronado en cualquier municipio de su territorio y haber resididoefectivamente en él con un año de antelación a la presentación de la solicitud [art. 61.a) Ley 15/2001, de 27 de diciembre]. La acumulación de ambos requisitos provocauna peligrosa confusión que podría llevar a considerar que el empadronamiento de losextranjeros, que se perfila como el requisito fundamental a efectos de acceder a lasprestaciones y a los servicios sociales, requiere tarjeta de residencia, lo que no resultamuy conforme con la consideración autónoma e independiente que caracteriza a ambassituaciones administrativas.209