la protección social de los trabajadores extranjeros - Seguridad Social

Por tanto, se trata de acreditar residencia, sea temporal o permanente (arts. 31 y32 LOEX) y no la mera permanencia, por muy continuada que esta sea. Es verdad quepuede llegar a parecer contradictorio que no se considere residente a quien, comosucede en el caso de autos, verifica un arraigo notable con la comunidad que le va asufragar el gasto de su pensión. Pero, tras la exigencia formal del permiso de residencia,se esconde la idea de preservar el reconocimiento de unas prestaciones respecto dequien ningún (o escaso) contacto con el Sistema ha tenido o tiene; eso sin contar que lassucesivas leyes de Extranjería configuran el marco de derechos de los extranjeros desdela situación administrativa previa del sujeto (regular/irregular).En otro orden de cosas, pero también relacionado con el requisito de residenciacabe hacer referencia al actual tratamiento que el mismo recibe en el caso delreconocimiento de las prestaciones familiares por hijo a cargo; en este caso, tal y comoexpresamente prevé el art. 182 1. a) y b) LGSS, resulta preciso que ambos sujetos,causante y beneficiario, tengan su residencia en España; una exigencia que esconsecuencia del cambio normativo introducido por la Ley 52/2003, de 10 dediciembre. En efecto, con anterioridad, el criterio era otro bien distinto permitiéndose,según qué casos, el acceso a estas prestaciones al interpretarse la exigencia deconvivencia “con criterios flexibles, atendiendo al espíritu y finalidad que informa lanormativa en esta materia, teniendo presente, por ello y de modo primordial, que larazón de ser de dicha prestación radica en la dependencia económica de los hijosrespecto del trabajador, como lo evidencia la propia denominación de “hijo a cargo”,unida al mantenimiento de relaciones afectivas y obligaciones legales y entre ellas, y demodo prevalerte, la de alimentos, debiendo, en consecuencia, reconocerse el derecho adicha prestación cuando está justificada la convivencia física si existe dependenciaeconómica” (fundamento jurídico tercero de la Sentencia del Tribunal Superior deJusticia de la Comunidad de Madrid de 3 de mayo de 1996 (AS 1996\1552). De estemodo, respecto del hijo (sujeto causante de la prestación), al menos no de forma directa,se venía presuponiendo dicha residencia en tanto le era exigido vivir a expensas; lo queen la práctica suponía, junto a la dependencia económica, la convivencia con el sujetobeneficiario. Un tratamiento, que dicho sea de paso, no resulta coincidente cuando setrata de prestaciones por muerte y supervivencia en las que también se aprecia la doblecondición de sujeto beneficiario/sujeto causante; pues bien, respecto de estas resultafactible que los extranjeros que se encuentren en nuestro país de forma irregular puedantener derecho a las mismas, siempre que el causante pueda generar el derechocorrespondiente (art.1 y 17.2 a) del Convenio 157 OIT de 1982) (ALVAREZ DELCUBILLO, A, 2008, p. 117-118). La naturaleza contributiva de estas prestacionespuede justificar la diferencia.De todas formas, en aquellas prestaciones familiares consistentes en unacantidad a tanto alzado por nacimiento o adopción de hijo, sólo se requiere que elnacimiento se haya producido en España o que la adopción se haya constituido oreconocido por las autoridad española (arts. 185.1 y 187 LGSS y art. 2.1 de la Ley35/2007).Sin embargo, si bien puede entenderse que se trata de un requisito que encuentrajustificación en la lógica financiera de facilitar recursos hacia situaciones de necesidadlocalizadas en territorio español, esta exigencia, en último término puede llegar a sercontraria al Derecho Comunitario. En efecto, en el marco de las normas comunitariasoriginarias, los Estados Miembros podían exigir requisitos relativos a la residencia enlos casos previstos en el art. 10 del Reglamento CEE 1408/1971, de 14 de enero; el181