la protección social de los trabajadores extranjeros - Seguridad Social

En todo caso, es la legislación interna de desarrollo y aplicación del derechoreconocido a nivel internacional la que dará la medida de la efectividad del derecho; quesólo cede ante la prohibición de un trato desigual injustificado o, respecto de losextranjeros, ante la prohibición de discriminación por razón de nacionalidad. Sin quepueda entenderse discriminatoria la imposición de ciertos requisitos que, o bien soncomunes a nacionales y extranjeros (por más que a éstos últimos les sea más dificultosocumplirlos, como es el caso de la residencia durante un cierto tiempo), o biendiferencian entre nacionales y extranjeros de conformidad con el cumplimiento deciertos requisitos vinculados a la regularidad de la situación de trabajo y estancia enEspaña.A este respecto resultan de interés las Sentencias del Tribunal Europeo deDerechos Humanos que han resuelto acerca de reclamaciones relacionadas con lasprestaciones sociales, amparadas (por tratarse de prestaciones económicas derivadas decotizaciones previas) en la tutela del derecho a la propiedad. Así, en el caso Gaygusuzcontra Austria (16 de septiembre de 1996), el Tribunal estableció que una diferencia detratamiento entre nacionales y extranjeros está justificada sólo cuando se basa enrazones objetivas, persigue un objetivo legítimo y existe una adecuada relación deproporcionalidad entre los medios empleados y el fin que se persigue. Lo que noconsideró existente en el caso, donde, pese a tratarse de una ayuda asistencial (almargen, pues, de cotizaciones previas) consideró la denegación del Estado de residencia(Austria) contraria a la CUDH por cuanto el reclamante había realizado aportacionesfinancieras generales al sistema de Seguridad Social en términos de cotizaciones y lasrazones aportadas por el Estado en cuestión no se consideraron suficientes para eliminarla sospecha de discriminación por razón de nacionalidad. Resoluciones semejantes, sibien basadas en la discriminación por razón de sexo son las producidas en los asuntosAntonakopoulos contra Grecia (14 de diciembre de 1999), Wessels-Beergervoet contralos Países Bajos (4 de junio de 2002), o Willis contra el Reino Unido (11 de junio de2002).En todo caso, y en relación con los trabajadores extranjeros, la regulaciónnacional contenida en la Ley de Extranjería respecto de los derechos de los extranjerosen España en materia de Seguridad Social, al establecer, como principio, laequiparación entre nacionales y extranjeros regulares (algo que, en cuanto a loscomunitarios sí es de aplicación directa) respeta las exigencias de igualdad de todas lasnormas internacionales. Y en cuanto a los trabajadores en situación irregular, ladiferencia de trato (que es exclusión del régimen jurídico común de igualdad) nonecesariamente ha de afectar al principio de igualdad; dependerá de las causas de laexclusión y de las consecuencias de dicha diferencia de trato. De forma que sólo tras elanálisis del régimen jurídico de la tutela de Seguridad Social, caso de existir, respectode los trabajadores extranjeros irregulares, podrá concluirse en qué medida dichotratamiento vulnera el principio de igualdad. Algo que, desde luego, no sucede enrelación con los riesgos profesionales (donde la igualdad viene impuesta tanto por lanorma internacional como por las normas internas que han recogido esa exigencia); ytampoco en gran medida respecto de los demás riesgos, ya que la última versión del art.36 de la Ley de Extranjería en cuanto acepta que la prestación del trabajo en situaciónde irregularidad no afecta a los derechos de Seguridad Social de los que puedan sertitulares los trabajadores extranjeros. En apartados siguientes de este trabajo, estaprevisión normativa se analizará con más detenimiento; tras lo cual podrá emitirse el31