la protección social de los trabajadores extranjeros - Seguridad Social

VI. LA PROTECCIÓN DE LOS EXTRANJEROS: ASISTENCIA SOCIAL YSERVICIOS SOCIALES.1. INTRODUCCIÓN.El bienestar general de los ciudadanos, la promoción de las condiciones para quela libertad y la igualdad de los individuos y de los grupos en que se integran sean realesy efectivas, la eliminación de la pobreza y de cualquier otra forma de marginación oexclusión social, constituyen objetivos fundamentales de un Estado Social, para cuyaconsecución se programa y aplica una acción política plural, con múltiples vertientes, enla que están implicados todos los poderes públicos. En el marco de dicha política social,y ya sólo en relación con la materia que corresponde analizar en este apaartado, lospoderes públicos autonómicos llevan años ejerciendo las competencias, en materia deasistencia social y servicios sociales, que el propio Texto Constitucional (artículo148.1.20 CE) y los Estatutos de Autonomía les han conferido, en todos ellos, enrégimen de competencias exclusivas (véase el art. 61 del Estatuto de Autonomía deAndalucía, el art. 71 del Estatuto de Autonomía de Aragón, el art. 24 del Estatuto deAsturias, el art. 30 del Estatuto de las Islas Baleares, el art. 30 del Estatuto de Canarias,el art. 24 del Estatuto de Cantabria, el art. 70 del Estatuto de Castilla y León, el art. 31del Estatuto de Castilla-La Mancha, el art. 166 del Estatuto de Autonomía de Cataluña,el art. 49 del Estatuto de la Comunidad Valenciana, el art. 7 del Estatuto deExtremadura, el art. 27 del Estatuto de Autonomía de Galicia, el art. 10 del Estatuto deAutonomía de Murcia, el art. 44 de la Ley de Amejoramiento del Fuero de Navarra, elart. 10 del Estatuto de Autonomía del País Vasco y el art. 8 del Estatuto de Autonomíade La Rioja).Concretamente, para la satisfacción de tales objetivos, las ComunidadesAutónomas han organizado una amplia red de servicios sociales a través de la cual sepresta asistencia a las personas necesitadas, han constituido ayudas económicas,salarios sociales o rentas mínimas para garantizar a todos los ciudadanos unos ingresosbásicos o de subsistencia, y, en fin, han aprobado diversos planes o programas en losque se han incluido un extenso conjunto de ayudas con objetivos concretos (sobre todo,para favorecer el acceso a la vivienda, a la educación, a la formación o al empleo, asícomo, para fomentar la inserción social, familiar o laboral) o para colectivosdeterminados (fundamentalmente, dirigidos a la infancia y la juventud, a las mujeresmaltratadas o a aquellas que son víctimas de violencia de género, a los discapacitados,a los mayores, a las personas que padecen algún problema de adicción, a los gruposmarginales o a aquellos que sufren, por cualquier razón, problemas de discriminación ose encuentren en situación de pobreza o exclusión social).Con tales objetivos, no obstante, los poderes legislativos y ejecutivos de lasComunidades Autónomas no han sustituido la acción política de los órganos estatalesque, en el ámbito de la política social, detentan competencias exclusivas en laordenación y régimen económico del Sistema de Seguridad Social (art. 149.1.17 CE),así como, en régimen de competencias exclusivas o compartidas, en otros ámbitos delordenamiento jurídico o respecto a otros sectores que también afectan al bienestar de la187