la protección social de los trabajadores extranjeros - Seguridad Social

astante obvio que los criterios utilizados, además de resultar poco adecuados paradefinir la situación de extrema necesidad, no precisan suficientemente cuándo seproduce esta circunstancia, por lo que más que a concretar la situación que debe generarel acceso a la prestación se dirige a restringir considerablemente el ámbito subjetivo delos posibles beneficiarios.En otros casos ni siquiera se produce este intento de concreción reglamentaria o,si se produce, la situación de pobreza severa se aplica para justificar la relajación en elcumplimiento de requisitos distintos a la exigencia de residencia legal (Art. 4 Decreto339/2006, de 5 de septiembre por el que se desarrolla la Renta Mínima de Inserción enla Comunidad de Cataluña). Lógicamente, la indeterminación de este tipo deregulaciones aumenta la discrecionalidad a la hora de conceder las prestaciones,circunstancia que no va a favorecer precisamente su obtención por parte de la poblaciónextranjera en situación de irregularidad.Por tanto, el problema adicional que presenta la normativa de estas CCAA esque no se han regulado (o se ha hecho de forma inadecuada) los supuestos de urgentenecesidad o las situaciones de emergencia social. Esta falta de regulación, que tambiénes predicable de aquellas Comunidades que han quedado clasificadas como de régimenflexible (aluden a un reconocido estado de necesidad o a situaciones de emergenciasocial el art. 7 ap. a y b de la de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de la ComunidadAutónoma de Asturias, y el art. 5.2 del Decreto Foral 120/1999, de 19 de abril, de laComunidad Autónoma Navarra), no puede solventarse considerando equivalentes lasdistintas regulaciones que establecen ayudas extraordinarias para satisfacer necesidadespuntuales (comúnmente denominadas “ayudas de emergencia social”), pues, además deno responder a los parámetros destacados, vuelven a exigir, como se veráposteriormente, requisitos de residencia efectiva y continuada, incumpliendo con ellolos rasgos de excepcionalidad que se pregonan en las distintas normas legales.En consecuencia, y por lo que se refiere a los requisitos genéricos, se puedeafirmar que el derecho de los extranjeros no comunitarios a acceder a los ingresosmínimos o rentas básicas no se reconoce de una manera uniforme por la legislación delas Comunidades Autónomas, ni siquiera en aquellos casos, el de los extranjeros ensituación de regularidad, en los que se detecta un reconocimiento generalizado de estetipo de prestaciones. Efectivamente, el análisis de los requisitos expuestos pone demanifiesto que, si bien el colectivo de extranjeros regulares tienen reconocido elderecho a estas prestaciones siempre que cumplan el resto de requisitos, lo cierto es quese les exige distintos períodos de residencia y de empadronamiento que puedenocasionar divergencias importante en el acceso a este tipo de prestaciones dependiendodel territorio en el que se encuentren.Adicionalmente también habría que tener en cuenta que, si atendemos alconcepto de residencia que marca la legislación específica, no todos los extranjeros ensituación de regularidad tendrían derecho a este tipo de prestaciones, dado que sólo sepodría considerar residentes a aquellos extranjeros extracomunitarios que han obtenidouna autorización de residencia (permanente o temporal), quedando por tanto fuera de laregulación el resto de situaciones de regularidad que no implican residencia (situacionesde tránsito, estancia, búsqueda de empleo, autorizaciones para trabajos de temporada yvisados por estudios).211