la protección social de los trabajadores extranjeros - Seguridad Social

cumplir con la legalidad de ese Estado que, en definitiva, dispondrá las condiciones deentrada y permanencia en su territorio.En tercer lugar, hay que citar los Convenios de la OIT que como el anteriorpertenecen a la categoría de los tratados internacionales multilaterales. Entre ellos, elmás significativo, el Convenio OIT nº 97), sobre los trabajadores migrantes, estableceen su artículo 6 que “todo miembro para el cual se halle en vigor el presente Conveniose obliga a aplicar a los inmigrantes que se encuentren legalmente en su territorio, sindiscriminación de nacionalidad, raza, religión o sexo, un trato no menos favorable queel que aplique a sus propios nacionales en relación con las materias siguientes...”(subrayado nuestro), enumerando a continuación las principales condiciones de trabajo(remuneración, jornada de trabajo, vacaciones, formación profesional...), derechossindicales, y, fundamentalmente, prestaciones de Seguridad Social, entre otros.Finalmente, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos ylas Libertades Fundamentales firmado en Roma el 14 de noviembre de 1950 (ratificadopor España el 4 de octubre de 1979) dispone en su artículo 14 que “el goce de losderechos y libertades reconocidos en el presente Convenio ha de ser asegurado sindistinción alguna, especialmente por razones de sexo, raza, color, lengua, religión,opiniones políticas u otras, origen nacional o social, pertenencia a una minoríanacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación”. Semejante texto puedeentenderse como que no cabe discriminar al extranjero una vez que esté legalmente enel territorio nacional –en línea con los textos últimamente citados- pero también sepodría interpretar como que la interdicción de discriminación empieza en el momentomismo en que el extranjero desea entrar en el país, lo que en ningún caso se le deberíapoder impedir, en línea con lo postulado por la Declaración Universal de la ONU de1948 citada al principio. Pero esta interpretación no puede prosperar porque la igualdadde trato que proclama el artículo 14 del Convenio de Roma solamente juega en relacióncon alguno de los derechos reconocidos en el propio Convenio, entre los que no figurael de libertad de circulación. Sin embargo, es cierto que dicha libertad de circulación síse incluye en el Protocolo Adicional nº 4, firmado el 16 de septiembre de 1963 y envigor desde el 2 de mayo de 1968, pero en él se especifica que dicha libertad solamentese reconoce “para los que se encuentren en situación legal dentro del territorio” (porcierto, dicho Protocolo Adicional aún no ha sido ratificado por España, pese a que lofirmó el 23 de febrero de 1978).1.1.1. La configuración constitucional del derecho a inmigrar.El artículo 13 de la CE establece que “los extranjeros gozarán en España de laslibertades públicas que garantiza el presente Título en los términos que establezcan lostratados y la ley”. Ese artículo tiene otros tres apartados: el 2 reserva exclusivamente alos españoles la titularidad de los derechos políticos establecidos en el artículo 23 CEcon la excepción del derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales(excepción establecida mediante reforma constitucional, la única realizada hasta ahora,en 1992, para atender a las exigencias del Derecho comunitario europeo); el 3 se refierea la extradición; y el 4 remite a la ley la regulación del derecho de asilo.84