la protección social de los trabajadores extranjeros - Seguridad Social

doctrinal sobre el sentido y, por extensión, el ámbito de actuación de los Sistemas deSeguridad Social y de Asistencia Social (cuestión que se ha planteado,fundamentalmente, por la asignación a las CCAA de posibles competencias en materiade “Asistencia Social” –art. 148.1.20 CE-, frente a las competencias exclusivas que sereserva al Estado sobre la “Legislación básica y régimen económico de la SeguridadSocial, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas”-art. 149.1.17 CE-), conviene hacer una genérica aproximación a los conceptos deAsistencia Social y Servicios Sociales; genérica, porque no es el objetivo recopilar lasdistintas definiciones que la doctrina ha elaborado, sino intentar aclarar, con apoyo enlas normas vigentes, el contenido de una y otra fórmula de protección.Sin indagar en los antecedentes más o menos remotos de ambas instituciones, ladiferenciación conceptual se presenta claramente en el art. 38 de la LGSS, que alude ala asistencia social y a los servicios sociales como ámbitos distintos de la protecciónsocial. Principalmente, porque los servicios sociales se incluyen dentro de la acciónprotectora del Sistema de la Seguridad Social (concretamente, en el apartado e) del art.38.1 donde, después de exponerse el catálogo de prestaciones contributivas y nocontributivas del Sistema, se hace referencia a “las prestaciones de servicios socialesque puedan establecerse en materia de reeducación y rehabilitación de inválidos y deasistencia a la tercera edad, así como en aquellas otras materias en que se considereconveniente”), mientras que “los beneficios de la asistencia social” aparecen definidosen un apartado distinto, el segundo, “como complementos de las prestacionescomprendidas en el apartado anterior”. En estos términos, parece que los serviciossociales formarían parte del Sistema de Seguridad Social (y, por ello, según el art.149.1.17 CE, sería el Estado el único competente para promulgar la legislación básica,correspondiendo a las CCAA la legislación no básica y la ejecución de sus servicios),mientras que, por el contrario, la asistencia social quedaría en el ámbito de lascompetencias autonómicas, tanto porque son ayudas que se sitúan fuera del Sistema(según se ha visto, son beneficios dirigidos, en exclusiva, a complementar lasprestaciones de Seguridad Social), como porque se la atribuye expresamente, comocompetencia potencialmente asumible por las CCAA, el art. 148.1.20 de la propia CE.Sin embargo, ni el cuestión es tan clara como parece deducirse de lo dispuestoen la ley estatal, ni está definitivamente resuelta en el ordenamiento actual; desde elpunto de vista que ahora interesa, porque durante años las CCAA se han hecho cargode los servicios sociales que han operado en sus respectivos territorios, disponiendo nosólo la ejecución de sus servicios sino también la legislación que los ha regulado. Perono es el único problema que se suscita en el análisis de este sector del ordenamientojurídico: asimismo, la mera lectura de los Estatutos de Autonomía y de las Leyesautonómicas muestra tanto una cierta confusión entre ambos conceptos, como laasunción, por parte de las CCAA, de competencias exclusivas en materia de serviciossociales (las mismas que, de acuerdo con el anterior esquema, correspondían al Estado).Con todo, la situación diverge de un Texto a otro.Efectivamente, el análisis de los Estatutos de Autonomía de las diecisieteCCAA muestra sobre este extremo un panorama notablemente confuso, ante el cual esnecesario sistematizar en varios grupos su contenido. Por una parte, se puedediferenciar un primer grupo que atribuye a las CCAA competencias exclusivas, sólo, enmateria de Asistencia Social; serían éstos los Estatutos más respetuosos con ladistribución de competencias de la CE (es el modelo seguido por los Estatutos de189