la protección social de los trabajadores extranjeros - Seguridad Social

derechos del trabajador extranjero, ni será obstáculo para la obtención de lasprestaciones que pudiera corresponderle”. En los términos en los que se formula elcitado precepto, cabe interpretar que la referencia general a las prestaciones del Sistemano permite hacer diferencias entre las contingencias por razón de su distinta naturaleza,esto es, comunes o profesionales. Bien es verdad, que por vía de la aplicación delConvenio 19 de la OIT, no hay duda de que el extranjero irregular tendrá derecho a lasprestaciones derivadas de contingencias profesionales respecto de las que, lógicamente,habrá de operar él mecanismo de flexibilización de la exigencia de alta en que consisteel alta presunta o de pleno derecho y el pago anticipado de las mismas, por aplicacióndel principio de automaticidad de las prestaciones.Pero la claridad, o si se quiere la facilidad, en el acceso a las prestaciones decorte profesional (fundamentalmente por aplicación del principio de automaticidad) nosignifica que no quepa el acceso a las prestaciones de naturaleza común, la únicadiferencia estribará en cómo haya de gestionarse la responsabilidad derivada delincumplimiento por parte del empresario de la consabida autorización administrativa(LÓPEZ CUMBRE, L, 2005, 18). En efecto, en estos casos, habrá de ser el empresarioquien haya de responder del pago de la prestación, de conformidad con el art. 126.2LGSS; el hecho de no haber podido llevar a cabo el encuadramiento de estostrabajadores por prohibirlo el ordenamiento no debe interpretarse como causa deexoneración o atenuación de su posible responsabilidad ya que tal imposibilidad derivade una infracción previa por parte del empresario, cual es la de haber contratado atrabajadores extranjeros que carecían de la preceptiva autorización. Lo que si esacertado concluir es que, según se trate de contingencias comunes o profesionales, elresultado final deviene en más o menos favorable.Así, en la Sentencia del TribunalSuperior de Justicia de Castilla y León de 5 de julio de 2006 (JUR 2006/236012) no sereconoce el derecho a una pensión de viudedad al cónyuge supérstite por haber sido lacausa de la muerte un suicido por razones personales. El Tribunal fundamenta suresolución desestimatoria de la petición de la prestación de viudedad, de una parte, poraplicación del art. 7.1 LGSS y, de otra, en la imposibilidad de aplicar el Convenio 19OIT por no tratarse de contingencias profesionales; sin que en ningún caso se hagareferencia al art. 36. 3 LOEx.En cualquier caso, conviene precisar que se habla del derecho de estostrabajadores extranjeros irregulares a las prestaciones del Sistema, no del acceso deéstos al campo de aplicación del mismo que irremediablemente estará vinculado a laautorización administrativa y al permiso de residencia, tal y como establecen el art. 10.1en relación con el art. 36.1 LOEx, el art. 7.1 LGSS y el art. 42 del Real Decreto84/1996, de 26 de enero sobre inscripción de empresas, afiliación, altas y bajas(MORENO PUEYO, M, 2004, 143). Esto supone, entre otras cosas, que lasresponsabilidades de las que habla el art. 36 LOEx serán de cargo exclusivo delempresario sin que quepa imputar responsabilidad alguna al Sistema, ya que se trata deresponsabilidades que no cabe identificarlas con las que este contempla (esto es, lasrelativas a los actos de encuadramiento, cotización y pago de las prestaciones). Aspectostodos ellos que se han abordado en el epígrafe correspondiente a la responsabilidad enmateria de Seguridad Social.Ahora bien, este derecho a las prestaciones, en el caso de contratación irregular,sólo es predicable de las contributivas, ya que para el caso de las no contributivas lasolicitud sólo puede hacerse ante la entidad gestora (no se puede pasar por alto que noexiste intervención del empresario) y requiere residencia legal mantenida, además, un179