la protección social de los trabajadores extranjeros - Seguridad Social

• La responsabilidad de los Estados para la adecuada concesión de laprestación y de su administración.• La financiación colectiva mediante impuesto o cotizaciones.• Establecimiento de un régimen de asistencia social.El Convenio 102 no exige que los Estados que lo han ratificado asuman lasnueve ramas que componen la Seguridad Social, ya que se les deja que puedanorganizar sólo tres, al menos, aunque una de ellas debe incluir una contingencia de largaduración o el desempleo. En el año 2003 la Comisión de Expertos en aplicación deConvenios y Recomendaciones (que supervisa la implementación de las normasinternacionales en los Estados) señaló que el Convenio 102 ha tenido una granaceptación por los Estados, habiéndolo ratificado la mayoría e incorporado susdisposiciones al ordenamiento jurídico propio. Desde luego, en casi todos los paísesindustrializados se han adoptado sistemas de Seguridad Social que comprenden lasnueve ramas establecidas por el Convenio 102. Además, el Convenio 102 ha servido demodelo para el Código Europeo de Seguridad Social, así como la Carta Europea deSeguridad Social ha dispuesto que los Estados firmantes deben tener un nivel mínimoasimilable al requerido para la ratificación del Convenio 102.En otro orden de cosas, las normas internacionales que hacen referencia aderechos sociales básicos están enlazadas con las que se refieren a otros derechoshumanos también reconocidos por Naciones Unidas. Es por ello que las actividadesnormativas de la OIT y de Naciones Unidas están coordinadas, si bien las normasemanadas de la OIT son las que se tienen como referencia en materia de SeguridadSocial, de tal forma que los instrumentos normativos de Naciones Unidas suelen sercomplementarios de ésas.Como el derecho de la Seguridad Social es un derecho económico oprestacional, las obligaciones que impone su observancia son obligaciones de conducta,es decir, requieren de una actividad razonable y adecuada de los Estados para que elderecho pueda tener virtualidad práctica. Así, el Pacto Internacional de DerechosEconómicos, Sociales y Culturales del que se ha hablado antes impone obligaciones alos Estados para lograr los objetivos establecidos en el mismo, también en relación conel derecho a la Seguridad Social. De manera que los Estados gozan de una relativaflexibilidad para aplicar el Pacto, pero al mismo tiempo están obligados a implantarprogresivamente el derecho, adoptando las medidas necesarias para que sea real yeficaz. Además, los derechos, incluido el de Seguridad Social, vienen configurados porel Pacto con un contenido mínimo o esencial, por debajo del cual los Estados noestarían cumpliendo sus obligaciones derivadas del Pacto. En cuanto al derecho a laSeguridad Social, debido a su especial trascendencia y repercusión en el ámbito de ladignidad humana, debe dársele prioridad en las políticas sociales y en las legislacionesde los Estados. De esta forma se hace necesario para éstos el aplicar todos los recursosnecesarios que hagan real el contenido del derecho. En efecto, la OIT ha venidoexigiendo a los Estados ese contenido mínimo del derecho de la Seguridad Social, peroconfigurándolo como una obligación de resultado, es decir, una obligación dirigida aconseguir y garantizar las necesidades básicas de los ciudadanos; materia estainnegociable. Se trata, como se ha dicho, de una “base social” irrenunciable y nocuestionable económicamente (Úrsula Kulke, 2007, pag.151).18