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ciudadanía al bienestar social y a una responsabilidad compartida para la provisión
colectiva del bienestar y de otros beneficios. Se esperaba que las personas contribuyesen
al fondo social utilizado para apoyar a las personas vulnerables y, en consecuencia, ello
les garantizaba el derecho de beneficiarse de la red de seguridad de bienestar en el caso
de que lo necesitaran.
En los últimos años, algunos autores han planteado que estamos transitando hacia una
cuarta etapa, que denominan ciudadanía ambiental. En esta etapa, los ciudadanos
adquieren nuevos derechos vinculados a la exigencia de un medio ambiente limpio y
seguro, así como un nuevo deber de no contaminar el medio ambiente humano o natural.
Una versión más radical de la «ciudadanía ecológica» plantea que las protecciones que
incorporan los derechos humanos de ciudadanía se están extendiendo a algunos
animales. La ciudadanía ecológica supondría nuevas obligaciones con respecto a los
animales, a las futuras generaciones de seres humanos y al mantenimiento de la
integridad del medio ambiente natural. Las nuevas obligaciones con las futuras
generaciones de seres humanos implican también trabajar en favor de la sostenibilidad a
largo plazo. En definitiva, la ciudadanía ecológica o ambiental incorpora una nueva
exigencia para que las personas tomen en cuenta la «huella ecológica» humana, es decir,
el impacto de la actividad humana sobre el medio ambiente natural y los procesos
naturales.
Cuestiones clave
La concepción de Marshall de la ciudadanía es problemática, ya que se basa en la
experiencia de un Estado-nación, Gran Bretaña. En Francia, en Alemania y en otros
países, la ciudadanía no «evolucionó» de la forma en que él describe. Algunos autores
también han considerado que su enfoque es una simple descripción post hoc, es decir, lo
que sucedió, en lugar de ser verdaderamente explicativa. Por ejemplo, ¿por qué se
concedieron los derechos políticos a las clases obreras y a las mujeres en un momento
histórico concreto? ¿Fue realmente solo parte de una «evolución» natural? Los
sindicatos, por ejemplo, tuvieron que luchar duramente por la ampliación del voto,
mientras que otros grupos se oponían a ello con la misma intensidad. Del mismo modo,
incluso en Gran Bretaña, la edad de voto para los hombres y las mujeres no fue la misma
hasta 1928, bien entrado el siglo XX, mucho más tarde de lo que contempla el esquema
de Marshall. En resumen, no queda claro exactamente por qué los derechos civiles
tuvieron que dar lugar a los derechos políticos, que, a su vez, tuvieron que dar lugar a los
derechos sociales; y este proceso requiere una explicación adecuada.
En la década de los ochenta, el intento de los gobiernos de «reducir el Estado»,
recortando el gasto social e introduciendo nuevos criterios para el acceso a los servicios
sociales, demuestra también que la ciudadanía no está nunca tan firmemente establecida
como para no poder dar marcha atrás. El actual período de austeridad, tras la crisis
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