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José Luis Valdés Ugalde con Frania Duarte
cooperación entre ambos gobiernos, particularmente en tareas de inteligencia,
hubiera sido de crucial trascendencia para México para detectar,
valorar y prever aún mejor el comportamiento de las organizaciones criminales
dentro de México y allende el Río Bravo; de tal forma que, como
se dijo en el punto anterior, se hubiera podido atacarles con eficacia en
puntos estratégicos y en los tiempos adecuados.
El cuarto error fue que al suscribir la im no se fijaron acuerdos precisos
para su operación ni se determinaron claramente los plazos para
alcanzar sus objetivos, así como tampoco se delinearon mecanismos para
su seguimiento y evaluación, todos los cuales son problemas que pudieron
haberse enmarcado en instituciones binacionales que nunca se crearon.
Los pilares que conforman la estrategia fueron definidos en términos muy
generales, de tal forma que en cada uno se dejó abierta la posibilidad
de crear acuerdos y compromisos sobre la marcha. A primera vista, esto
podría parecer útil si se concibió como un espacio para el margen de maniobra
táctico en caso de que los medios implementados para combatir al
crimen organizado no fueran brindando los resultados deseados. No obstante,
esto ha dado cabida a la falta de coordinación entre los dos gobiernos
sobre la forma de operar los acuerdos, así como a la ausencia de una
definición de roles de ambos en la misma materia. Por otro lado, el hecho
de no haber fijado plazos para el cumplimiento de los objetivos, así como
tampoco mecanismos viables para su evaluación ha derivado en el lento
avance de la estrategia, todo lo cual hace que hoy en día la estrategia parezca
inadecuada e incluso inviable. 11 Estas limitaciones podrían haberse
evitado si se hubiera creado a tiempo un frente institucional bilateral básico,
en el seno del cual ambos gobiernos hubieran estado representados
de manera permanente, a fin de coordinar la estrategia y verificar que su
progreso no fuese accidentado. 12
11 En este marco se pudieron haber negociado plazos para la liberación de recursos de Estados Unidos
a México a través de la IM, cuya transferencia hoy día no ha sido completada. De acuerdo a un
reporte de la Government Accountability Office, hasta el 31 de marzo de 2010 de los 790 millones
de dólares que hasta ese año se habían fijado para ese año fiscal, se habían autorizado 669 millones
de dólares y tan sólo se habían gastado 121 millones de dólares. Es decir, se había autorizado el
46% de los fondos, pero se había utilizado solamente 9%. Por otro lado, también se tendrían que
haber establecido plazos para la adopción de la reforma policial y la reforma de justicia que al día
de hoy no se ha completado: para el caso de la primera no se tiene lista aún la Plataforma México,
mientras que la segunda sólo ha sido adoptada por 11 estados.
12 Hasta ahora, el único mecanismo aproximado a esta descripción es la recién creada Oficina Binacional
de Inteligencia (obi) en la Ciudad de México, en la cual operan agentes de inteligencia estadouni-