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Alejandro Poiré
Contexto previo y primeras respuestas institucionales
Cuando se dimensionan los cambios en la política pública, implementados
por el Gobierno de la República, es necesario considerar lo que ha ocurrido
en México en las últimas décadas; me refiero evidentemente a la transformación
estructural del crimen organizado en nuestro país. En ese sentido
vale la pena recordar que inicialmente el fenómeno del narcotráfico era
prácticamente equivalente a la noción de crimen organizado, pues en ese
entonces el cultivo y la comercialización de amapola y marihuana estaba
a cargo de los así llamados “gomeros”, que en las primeras dos décadas
y quizá hasta los años 1970, se dedicaban al cultivo de goma de opio, sin
excluir la marihuana. Se trataba de un conjunto de negocios ilícitos, operados
sobre todo por redes familiares cuya operación tenía una relativa
tolerancia social en algunas partes del norte del país. La actividad central
de trasegar drogas hacia Estados Unidos fue cambiando gradualmente en
la década de 1980 y finales de los años 1990 por razones distintas. Sobre
este respecto, quisiera subrayar un elemento fundamental que transformó
profundamente el modelo de negocio de los otrora narcotraficantes.
La creación de nuevos mercados domésticos en algunas ciudades provocó
la apertura de otras alternativas para el negocio criminal, más allá
de la sola transportación de la droga desde las zonas serranas hacia Estados
Unidos. Ello favoreció el surgimiento de organizaciones con redes de
distribución para introducir la droga en centros nocturnos y otros giros
negros en el norte del país. Lo que a su vez incentivó la generación de redes
de corrupción más allá de los contactos en la frontera y que empezaron a
permear otros ámbitos con el fin de garantizar la distribución de droga.
Cabe advertir que si bien el mercado de drogas ha crecido en México
en menor medida que en Estados Unidos, las utilidades marginales obtenidas
en el mercado doméstico incentivaron la proliferación de vínculos de
corrupción con autoridades municipales, con el propósito de distribuir la
droga. En la medida en que estos incentivos se fueron desarrollando, se
acrecentó la capacidad de los grupos criminales para cooptar, corromper
y amedrentar a autoridades locales que por otra parte, no se encontraban
preparadas para enfrentar un desafío de esta naturaleza, claramente más
grave que la delincuencia común. En efecto, las organizaciones criminales
diversificaron su campo de acción al incorporar a bandas locales respon-