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Javier Oliva Posada
las necesidades, a su vez, de las élites dirigentes en cuanto a sus compromisos
para la transformación o formulación de escenarios de convivencia
y articulación de procesos de decisión más eficientes y sobre todo, oportunos.
Osvaldo Hurtado señala al respecto: si los ciudadanos, con diversos
grados de responsabilidad, son los principales actores de la sociedad democrática,
es necesario estudiar los problemas de carácter cultural que
afectan el desarrollo de la democracia en América Latina. 1
Las consideraciones respecto de la gobernabilidad como acuerdo entre
grupos y élites, en tanto responde a acercamientos entre los intereses
en riesgo, tienden a excluir las condiciones de vida de la población como
objeto fundamental de cualquier gobierno. Por tanto, los que se consideran
nuevos actores no requieren, como las mismas élites, de un reconocimiento
“institucional” para su accionar y ejercer presión para satisfacer sus
demandas.
De allí, se explica que alcanzar la estabilidad se vuelve un objetivo
en vez de ser un principio para la acción de gobierno. Esto es, lo que debiera
ser incorporado al análisis y diseño de políticas como una condición
existente, se convierte en un fin primario, lo que distorsiona por ejemplo,
los criterios de recaudación fiscal, la aplicación de programas sociales y
por tanto, de las condiciones para la competencia político-electoral. Este
aspecto es crucial para la comprensión de las agendas que en Latinoamérica
se enfocan a mitigar las protestas y malestar inmediato, en vez de
orientar las prioridades a problemas estructurales.
La legitimidad, como instrumento generador de estabilización, en
todo caso y para ampliar su capacidad de influencia conceptual-discursiva,
requiere considerar los factores básicos en la promoción de conciencia,
responsabilidad y participación del ciudadano (organizado o no).
En Latinoamérica y en México, la definición de identidad se da a
partir de la “defensa”. Sean los valores culturales, históricos, la distinción
y no la convergencia, prepara un discurso y argumentación de las estructuras
de gobierno, en general, poco dispuestas al reconocimiento de que
hay otros intereses además de los que ese gobierno encarna y promueve.
La definición de la seguridad pública y las capacidades del Estado
para asegurar la gestión del gobierno en la administración eficiente, imparcial
y oportuna de la ley, genera certeza y confianza en el ciudadano.
1 pnud, 2004, p. 297.