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Visión de Estado en la seguridad regional de México 41
con mecanismos de coordinación entre autoridades, para la transferencia
de subsidios orientados a la seguridad pública y la procuración de la justicia
en los estados y municipios. Hacía falta una ley del Sistema Nacional
de Seguridad Pública a través de la cual se estableciera un mecanismo
de coordinación entre secretarías de seguridad pública de los estados y
municipios con la federación. También se creó un Centro Nacional de Información,
un Centro Nacional de Prevención del Delito y Atención Ciudadana,
y con un Centro Nacional de Certificación y Acreditación con el cual
es posible asegurarnos de que todos los servidores públicos cuentan con
estándares de honestidad para el desempeño idóneo de su cargo.
A la par de estas previsiones legales, se ha logrado un crecimiento
sistemático en el presupuesto destinado a la seguridad pública. Durante
esta administración ese presupuesto se ha duplicado en términos reales,
y se han incrementado significativamente los subsidios para los estados y
los municipios en orden al mejoramiento de sus cuerpos policiacos. Esta
clase de apoyos adquiere gran relevancia si se considera que en nuestro
país más del 90% de los delitos que se cometen corresponden al fuero
común. Mediante el apoyo del Congreso de la Unión, se ha dispuesto la
transferencia de prácticamente 47 mil millones de pesos en lo que va de
esta administración para los estados y municipios en materia de seguridad;
esta cifra es independiente de los montos que cada autoridad local
asigna respectivamente a este rubro.
Esta ley fue aprobada en diciembre de 2008 y para ello, sólo se requería
una mayoría simple; no obstante recibió 68% de aprobación entre
las legisladoras y los legisladores presentes en la Cámara de Diputados,
y 98% en la de Senadores. La aprobación supermayoritaria de esta ley
muestra nuevamente, la sintonía entre las fuerzas políticas representadas
en los cuerpos legislativos.
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República
Mediante esta nueva ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 29 de mayo de 2009, se ampliaron las facultades del Ministerio Público
de la Federación en la integración de la averiguación previa, en el proceso
penal, en la atención a víctimas, así como en lo relativo a la extinción de
dominio. Además, se crea la figura de oficial ministerial, a fin de auxiliar