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Perspectivas del Congreso mexicano en la configuración de la seguridad nacional 421
fuerza armada permanente en tareas de seguridad nacional (Fracción
vi, artículo 89 de la cpeum).
• Por su parte, la pasada lx Legislatura se significó por poner en marcha
una reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad
pública, mediante la cual se están redefiniendo las bases de
nuestro sistema judicial y una mejor redistribución de las competencias
en materia de seguridad pública, que comprende: las reformas a
los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones xxi y xxiii del artículo
73; la fracción vii del artículo 115 y la fracción xiii del apartado
B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el
28 de mayo de 2008.
• El proceso de reforma constitucional continúa y actualmente en la
lxi legislatura se tiene proyectada la reforma para la unificación de
los mandos policiales en el país, una vez que el Congreso ya dispuso
incorporar la materia de los derechos humanos a nuestra Constitución,
con lo cual se da lugar a la introducción del concepto de seguridad
humana en la legislación mexicana.
• Estas reformas constituyen pasos significativos en la reforma del Estado
mexicano, con lo que se dan también los pasos firmes para el
fortalecimiento del estado de seguridad mexicano.
La reforma a la seguridad pública
Paralelamente a la reconfiguración del marco constitucional el Congreso
ha puesto en marcha una de las reformas más significativas a sus ordenamientos
secundarios en materia de seguridad interior: por un lado avanza
en la reforma al sistema de procuración de justicia y al mismo tiempo,
trabaja en el perfeccionamiento del funcionamiento del Sistema Nacional
de Seguridad Pública.
La reforma de procuración de justicia plantea la adopción del sistema
acusatorio, con lo que se transforma el sistema penal que data de 1917,
amplía la figura del arraigo, incrementa la penalización de los delitos asociados
con la delincuencia organizada, equipara como graves el tráfico y
trata de personas –en proceso de aprobación–; incorpora a la legislación