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Felipe González González
leyes especiales como la de extinción de dominio; la de prevención y combate
al secuestro; asimismo, proyecta las relativas a neutralizar el lavado
de dinero (seguridad financiera), y el apoyar a las víctimas del delito, entre
las más importantes.
La reforma de seguridad pública enfatiza la generalización en todo
el país de los mecanismos de coordinación entre los que se destacan el
fortalecimiento del Consejo Nacional de Seguridad Pública y la constitución
de las Conferencias Nacionales de Procuradores, la de los responsables
de los centros de detención y readaptación social, la conferencia
municipal de seguridad pública; asimismo, los procesos de certificación
de los exámenes de confianza de todos los agentes de las instituciones
de seguridad pública, incluyendo al personal que labora en las áreas de
procuración de justicia federal y estatales; la conformación de un sistema
nacional de información que sirva de base a la investigación criminal y
al desarrollo de una vertiente de prevención que supere el paradigma
tradicional de la prevención del delito bajo un enfoque policiaco de uso
disuasivo de la fuerza, para dar paso a un sistema de prevención social
de la violencia y la delincuencia que apunte a la adopción del concepto de
seguridad humana.
Una de las reformas que contiene elementos de los modelos reactivo
y preventivo es la que comprende el paquete de reformas en contra del
narcomenudeo, el cual comprendió modificaciones a la Ley General de
Salud, el Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos
Penales. Estas reformas tienen el propósito de que las entidades federativas
junto con la federación hagan frente a este fenómeno, privilegiando
la ejecución de programas de prevención y atención de las personas enfermas
por la adicción a alguna de las drogas prohibidas. El adicto ya no
podrá ser detenido y más bien se buscará su canalización a los centros
de atención de las adicciones. Por otra parte, sanciona tres conductas: 1)
el comercio o suministro, 2) la posesión del narcótico con la finalidad de
comerciarlo o suministrarlo –aún gratuitamente–, y 3) la posesión simple
del mismo. Para ello se establecen penas de 4 años de prisión y de 200
a 400 días multa a quien comercie o suministre narcóticos; aumenta la
pena si la víctima es menor de edad, si es cometida por servidor público,
si se comete en centros educativos, asistenciales, policiales, de reclusión o
si es cometida por personal relacionado con el sector salud.