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Visión de Estado en la seguridad regional de México 37
sables de delitos ordinarios, quienes se sumaron a los grandes cárteles
de producción y distribución de drogas e incursionando al mismo tiempo
en delitos como el cobro de piso, la extorsión, el contrabando y a otras
actividades ilícitas que se fueron vinculando a la trama de un fenómeno
delictivo de mayor envergadura y peligrosidad. Por eso hemos señalado
que actualmente, hablar de narcotráfico como única definición del crimen
organizado, ya no es una definición actualizada.
El otro elemento de esta transformación estructural es el surgimiento
de nuevos acentos en la competencia de las redes delincuenciales, que
al tiempo que buscaban tanto su respectiva preeminencia en la exportación
de drogas a Estados Unidos, comenzaron a competir por el control de
espacios locales y de ese modo, cómo seguir llevando a cabo otros delitos.
El resultado de esta dinámica fue la aparición de grupos con perfiles de
acción cada vez más violentos, como los Zetas. En ese contexto puede observarse
claramente que el fenómeno de la violencia es previo a la intervención
del gobierno. Esa y no otra, es la causa de la violencia en algunas
zonas del país como Michoacán, Tamaulipas y Chihuahua, por citar algunos
casos, donde la disputa entre grupos delincuenciales es previa incluso
al despliegue de fuerzas federales en esas zonas, durante la presente administración
federal.
El viraje en el modelo de negocio de los grupos del crimen organizado
también estuvo influido por el acotamiento de las rutas para la transferencia
de cocaína a través del Caribe y con destino a Florida. Se incrementaron
los pagos en especie por parte de organizaciones colombianas a
sus contrapartes en nuestro país, lo que tuvo como resultado la circulación
de mayores cantidades de esa droga a través del territorio mexicano y en
consecuencia, la proliferación de mercados locales para su distribución.
Este contexto previo, por sus características, explica suficientemente
la necesidad de una intervención integral, tal y como lo es la implementada
durante la presente administración, que por otra parte, coincide con el
afianzamiento de la democracia en nuestro país y sus respectivas implicaciones
en términos de participación ciudadana y el fortalecimiento de los
legítimos mecanismos para incidir en la toma de decisiones públicas en
materia de seguridad. Prueba de ello son las manifestaciones ciudadanas
masivas, como la ocurrida el 27 de junio de 2004 que congregó a cerca
de dos millones de personas. La demanda primordial de la ciudadanía