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Alejandro Poiré
en la formalización de diligencias y procesamiento de información y se establece
el Servicio Profesional de Carrera obligatorio para los agentes del
Ministerio Público de la Federación. Asimismo, los agentes podrán recibir
información anónima y estarán sujetos a coadyuvar a la integración de un
registro de información de personas detenidas. Esta reforma –indispensable
para el mejoramiento de la institución– contó con la aprobación del
98% en la Cámara de Diputados y del 99% en la Cámara de Senadores.
Ley de la Policía Federal
También se transformó esta corporación para garantizar un combate eficaz
y de largo plazo en contra del crimen organizado y para contar con
una fuerza civil en el ámbito federal que pudiera hacer la tarea subsidiaria
de apoyo a las autoridades locales que no tienen las capacidades para
enfrentar al crimen organizado.
Esta tarea de apoyo la han venido realizando el Ejército mexicano y
la Secretaría de Marina Armada de México, tal como lo prevé la Constitución
(artículo 89 constitucional, fracción vi) y en consonancia con las tesis
del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Tesis P.XXIX/1996)
en el sentido de que tales intervenciones se hacen en auxilio de las autoridades
locales. Ello se debe a que al principio de la administración se contaba
solamente con 6 mil quinientos policías federales y actualmente esta
cifra se ha elevado a más de 35 mil quinientos elementos, al amparo de
una nueva legislación que le da más facultades, pero también le exige la
aplicación de controles de confianza y escalafones de capacitación entre
otras medidas orientadas a robustecer esta institución, que actualmente
acude en auxilio de las autoridades estatales y municipales. Por lo tanto,
es previsible que al mismo tiempo que se fortalece la Policía Federal, el
despliegue de las fuerzas armadas podrá disminuir gradualmente.
Esta ley, que entre otras cosas posibilita llevar a cabo operaciones
encubiertas y de usuarios simulados para la prevención de delitos, fue
aprobada por 70% de los diputados y por 96% de los senadores, lo cual hizo
patente de nueva cuenta, el nivel de los acuerdos alcanzados al interior del
Poder Legislativo para producir las reformas institucionales que el país
requería.