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Alejandro Poiré
se concentraba en los secuestros que se venían observando en algunas
zonas del país, especialmente en el valle de México, y si bien no se dirigía
específicamente contra el narcotráfico, en el fondo se demandaba a las
autoridades respuestas institucionales mucho más claras y contundentes.
De manera consecuente con esa situación, el hoy presidente de la República,
el licenciado Felipe Calderón Hinojosa, desde su plataforma de
campaña estableció cinco ejes de acción. El primero de ellos se refería a
la restauración del estado de derecho como un factor primordial para garantizar
las libertades y derechos, y como un elemento fundamental para
enfrentar el fenómeno de la delincuencia organizada. Tales fueron las premisas
de la respuesta integral del gobierno para confrontar las transformaciones
ocurridas al interior de las organizaciones criminales, y por otra
parte, para atender los rezagos en términos de cambios institucionales y
administrativos que se requerían.
Por eso la Estrategia Nacional de Seguridad no sólo implica el despliegue
de la fuerza pública para enfrentar a los criminales, sino también
el fortalecimiento de las instituciones, a fin de garantizar una seguridad
auténtica y basada en el cumplimiento de la ley. Aunque la tarea es amplia
y quedan elementos por lograr, presentaré algunos de los avances
más significativos en relación con el fortalecimiento de las instituciones
para hacer frente al crimen con una lógica de Estado. Con ello mostraré
que la confrontación directa con la delincuencia organizada es una manifestación
muy visible de la acción del gobierno, pero también es cierto
que se están dando pasos decisivos para perfeccionar el andamiaje institucional
y normativo con el que se busca garantizar que los resultados
obtenidos se prolonguen en el largo plazo.
El consenso básico entre todos los actores del Estado quedó manifiesto
en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad
(ansjl) firmado el 21 de agosto de 2008. Como se recordará, todos los sectores
políticos y sociales de nuestro país plasmaron su compromiso común
en contra de la delincuencia a través de 74 compromisos y plazos definidos.
Los y las representantes y titulares de los Poderes de la Unión, así
como de los tres órdenes de gobierno y los sectores empresarial, laboral,
las organizaciones religiosas, universidades, medios de comunicación y
asociaciones de la sociedad civil, lo mismo que dirigentes de los partidos
políticos, en su conjunto, respaldaron la convicción de que era necesario