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Sebastián Calderón Centeno
elementales normas de convivencia ni principios humanitarios, que actúan
sin el mínimo respeto a los bienes más valiosos, reaccionando ante las acciones
legítimas del Estado, con actos cada vez más atroces; son criminales
dispuestos a sacrificar vidas humanas sin el más mínimo remordimiento.
Bajo esas condiciones, la actividad del narcotráfico, la delincuencia
organizada, el terrorismo y el tráfico ilícito de armas y de personas, se
convierten en acciones que afectan la seguridad de la nación, por lo que el
gobierno requiere de toda la fuerza legítima para enfrentar el flagelo para
la preservación del propio Estado.
Los distintos acontecimientos que hemos reseñado y que afectan los
intereses de la sociedad, imponen la necesidad de dotar a las autoridades
que se encargan del manejo de la seguridad pública y defensa nacional, de
un conjunto de disposiciones que permitan a dichas instituciones contar
con una capacidad de respuesta oportuna y efectiva frente a cada supuesto
mencionado y otros que afectan la seguridad de la nación, y que no
actúen al margen del estado de derecho.
Las fuerzas armadas mexicanas, instituciones organizadas, disciplinadas,
equipadas e integradas con unidad de doctrina y del sentido
del deber, cuya responsabilidad es la defensa exterior y coadyuvar en el
orden interno, además de las responsabilidades que le encomiendan las
normas constitucionales y legales, también se han abocado a colaborar en
sus correspondientes ámbitos de acción, a enfrentar a las organizaciones
criminales que lesionan los bienes más valiosos de la sociedad.
La defensa de nuestro territorio, la protección de la sociedad, del Estado
que la organiza y del gobierno que las representa, no es negociable, el
Estado no puede pactar con transgresores de la ley, tiene la responsabilidad
de enfrentarlos con toda la capacidad e inteligencia de que es capaz,
pues de ello depende el futuro del país. Tenemos intereses nacionales de
desarrollo económico y social, que sólo pueden ser alcanzados si contamos
con una estrategia que demande la existencia de un clima de tranquilidad,
estabilidad y seguridad.
En este sentido, considero que no debemos escatimar nuestros esfuerzos
como legisladores, para la creación de las normas jurídicas que
brinden seguridad jurídica a las actividades del personal de las fuerzas
armadas y de las instituciones de seguridad pública, bajo la premisa de
que para proteger los intereses nacionales, sólo contamos con nuestros