Libro Blanco del título de grado en Arquitectura - Aneca

142 MODELO SELECCIONADO DE ESTUDIOS EUROPEOS
3.3. ASUNTOS QUE SE PROPONEN A DEBATE
De la revisión conjunta de los sistemas formativo-profesionales de los países de la Unión Europea
se deducen varios asuntos sobre los que merece la pena plantear una reflexión. Quizá no debiera
ser uno de ellos, a tenor de los visto, el de la reducción de la duración de los estudios de arquitectura
a cuatro años, como se planteaba en los inicios de este proceso de adaptación al espacio educativo
europeo apoyándose en la estructura de titulaciones enunciada en Bolonia. Se ha explicado
antes que hay un acuerdo tanto del Comité consultivo de la Comisión europea como de las organizaciones
profesionales y educativas europeas más relevantes sobre los cinco años de estudios como
periodo mínimo de formación; acuerdo que de hecho es cumplido con generalidad por las escuelas
y facultades. La excepción de las Fachhochschulen alemanas está suficientemente desprestigiada
como para que sea un problema todavía pendiente de solución en Alemania, pero no una referencia
a discutir para los demás países. De hecho, el aumento de tres a cuatro años posterior a la
Directiva europea y el reciente paso a cinco en un número significativo de centros indica una voluntad
de corregir la situación, aunque sea todavía insuficiente. El modo en que esta enseñanza se
adapta -al menos en las condiciones alemanas- a las necesidades productivas de las empresas del
sector de la edificación y de los grandes despachos de ingeniería y arquitectura, y su éxito entre
muchos estudiantes probablemente tiene que ver con la asimilación de su título al de quienes han
realizado estudios más completos.
Ahora bien, obsérvese que cuando los acuerdos del Comité consultivo y de las asociaciones internacionales
hablan de un mínimo de cinco años de estudios añaden dos más de prácticas. Es decir,
son siete en total los años que se consideran necesarios para la formación completa de un arquitecto.
Así sucede en Gran Bretaña, por ejemplo, donde la finalización de las prácticas es seguida,
además, por un examen. Nueve de los catorce países analizados tienen periodos de prácticas profesionales
posteriores a la finalización de los estudios -aunque tres no llegan a los dos años-, en
seis de ellos terminadas con un examen de estado o realizado por las organizaciones profesionales.
En España no se han planteado estas prácticas profesionales reguladas, y el resultado es que los
estudiantes las realizan a costa de retrasar, a veces en exceso, la finalización de sus estudios. Éste
es, por tanto, un problema que parece necesario discutir. Resulta claro que aquí es el Proyecto fin
de carrera el mecanismo que sustituye a prácticas y examen para garantizar la idoneidad profesional
del titulado. De ahí la dificultad añadida, el salto en la exigencia que supone para muchos estudiantes:
la realización de un proyecto completo de índole profesional en el que deben aplicar simultáneamente
todos sus conocimientos sectoriales.
La introducción de unas prácticas profesionales tuteladas posteriores a los estudios tendría la ventaja
de evitar el solapamiento de ambos, mejorando el rendimiento de los alumnos en sus estudios,
acortando su estancia en las escuelas y reconociendo a las prácticas su papel de preparación para
el ejercicio profesional. Cabe discutir su duración y si es mejor repartirlas entre los dos ciclos, según
el modelo británico, o no. Las dificultades para la implantación de un periodo de prácticas derivan
de sus problemas de regulación: habría que garantizar que no degeneren en situaciones laborales
abusivas, controlar el proceso de aprendizaje profesional y evitar el fraude en la certificación de las
mismas. Hay que tener en cuenta, además, que una tasa relativamente baja de arquitectos por estudiante
(la española es de 1,39) indica probables dificultades para absorber en los estudios profesionales
a los estudiantes en prácticas con garantías de eficacia formativa. El reciente Decreto que