Libro Blanco del título de grado en Arquitectura - Aneca

ESTUDIOS DE GRADO EN ARQUITECTURA 87
título de arquitecto llegara a ser de máster, habría que definir uno previo de grado de naturaleza
generalista, tarea estimulante en el plano intelectual pero en extremo difícil de sacar adelante con
éxito sin alterar profundamente el tantas veces mencionado marco legal de la profesión. Parece
claro que la más propia excepción a invocar para la arquitectura en justificación de la propuesta de
duración de los estudios aquí formulada es la directiva europea de la titulación, asunto del que se
ocupa el punto siguiente del presente apartado.
Por todo lo expuesto, y sencillamente porque la ANECA ha convocado al diseño de títulos de grado y
no a otra cosa, es indudable que una propuesta concreta de uno de máster sería hoy prematura. Pero
no lo es menos que, de despejarse las incógnitas arriba mencionadas en un sentido favorable al espíritu
de la propuesta que este proyecto ofrece (cuyo carácter, hay que insistir, no debe considerarse definitivo),
la incursión de salidas de postgrado con las debidas garantías habilitadoras habría de resultar
muy conveniente y proporcionaría un elemento más de armonización europea al coincidir con las tendencias
de adaptación a Bolonia que se vienen detectando como dominantes en el ámbito continental.
1.5.6. LA DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS ESTÁ AFECTADA
POR NORMAS DE DERECHO COMUNITARIO
El decreto regulador de los estudios de grado dice que en los supuestos en que ello venga exigido
por el cumplimiento de normas de derecho comunitario, el Gobierno, previo informe del Consejo de
Coordinación Universitaria, podrá asignar a determinadas enseñanzas un número de créditos distinto
al establecido para la generalidad. Con esta redacción, un tanto incongruente, el Consejo de
Estado ha interpretado que será imposible implantar títulos de grado con una carga superior a 240
créditos europeos salvo que exista al respecto un mandato imperativo contenido en una directiva
comunitaria. Esta interpretación sería la única viable si en el decreto se dijera que ante la exigencia
emanada de una norma de la Unión Europea de un número de créditos mayor que el límite máximo
general, el Gobierno debería asignar una cantidad superior a tal límite a las enseñanzas correspondientes,
aunque ciertamente indicar esto sería ocioso, porque la aplicación de las normas de
este género es obligada para el Estado español, y aún más ocioso resultaría requerir un informe del
Consejo de Coordinación Universitaria sobre la procedencia de cumplir una disposición ineludible.
Pero el decreto no dice eso, porque no usa el verbo deber, sino el verbo poder, y no habla de asignar
cantidades de créditos superiores (como sí hacían los primeros borradores que de él se conocieron,
y es especialmente significativo que se produjera este cambio), sino cantidades distintas.Por
lo tanto, no hay duda de que lo establecido ha sido que la existencia de una norma de derecho
comunitario que incluya la exigencia de una duración determinada (sea cual sea tal duración y esté
o no dentro de la horquilla de 180 a 240 créditos) permite (lo cual no les es dado a los títulos que
no cuenten con directiva) estudiar la conveniencia de asignar a las enseñanzas afectadas un número
distinto de créditos, que puede ser tanto distinto al del caso común como distinto a cualquier
mínimo impuesto por la directiva correspondiente (aunque es obligado que nunca sea menor).
Vistas así las cosas, adquieren pleno sentido la consulta a la institución competente y el que el
Gobierno pueda hacer esa asignación o pueda no hacerla.
Independientemente de esto, es razonable que, como ya se indicaba en la propia convocatoria de
la ANECA, los procesos educativos no se establezcan bajo criterios de duración temporal, sino por