Libro Blanco del título de grado en Arquitectura - Aneca

372 ANEXOS
La reclamación formulada en 1879 por la Sociedad central de arquitectos para que se aplicase
estrictamente el mismo plan en las dos escuelas, que ya comentamos, no obedecía a ninguno de los
dos motivos que acaban de exponerse, sino a la coincidencia de efectos profesionales de los títulos
obtenidos en ambos centros, y también a la buena acogida que dicha asociación dio al plan de
1875, considerando que con él se contribuiría al progreso del país y al confort de los usuarios (palabra
de reciente introducción en España entonces, que solía por ello entrecomillarse o ponerse en
cursivas) y se comprometería a los futuros arquitectos con los problemas del mundo moderno.
Lógicamente, las novedades más celebradas en aquella ocasión fueron las asignaturas de
Aplicación de las ciencias físico-naturales a la arquitectura y Estudio de los edificios bajo el punto
de vista de su fin social.
Mientras en 1881 se instituía el cargo de arquitecto municipal, a cuya provisión se le dio carácter
potestativo para los ayuntamientos, la Sociedad Central organizó el Primer congreso nacional de
arquitectura, al que seguirían otros muchos, celebrados sin periodicidad fija, pero aproximadamente
cada seis años, contribuyendo significativamente a configurar el panorama de la profesión en
España en la décadas siguientes. En aquella oportunidad, junto con asuntos relativos a las atribuciones
legales de los arquitectos y los rescoldos de sus viejas disputas con ingenieros y maestros de
obras, hubo un debate sobre la conveniencia de diseñar y construir barriadas expresamente concebidas
para los trabajadores. La vivienda obrera venía incluyéndose en los programas de la parte teórica
de la composición desde 1860 y los “barrios para la clase obrera” desde 1864.
Otro detalle interesante para entender la situación de la profesiones relacionadas con el sector de
la construcción en la época es la definición legal de atribuciones para el proyecto y la realización
de cementerios, regulada por una real orden de 1887 que prescribió la intervención obligada de un
arquitecto en poblaciones de más de 2000 habitantes, permitiéndose que en las que no cumplieran
esta condición ni tampoco contasen con un arquitecto residente pudieran emprender estos trabajos
también los maestros de obras y los ingenieros. Esta fue la primera ocasión en que se estableció
una competencia facultativa compartida entre arquitectos e ingenieros que no atañera exclusivamente
a obras encargadas por particulares.
En el ámbito académico, las dificultades producidas por la prolongación de la provisionalidad del
plan de estudios de 1875, sobre todo en la aplicación de los estudios previos previstos en él,
movieron a Lallave, director de la escuela de Madrid, a presentar al ministerio de Fomento un proyecto
de reforma de esta fase propedéutica en 1884. Pero el titular de la cartera, el político liberal
Eugenio Montero Ríos, que en 1905 llegaría a la presidencia del Gobierno, había concebido para
resolver este problema un proyecto más ambicioso. En enero de 1886, un decreto de la Regente
inspirado por él creó la Escuela general preparatoria para ingenieros y arquitectos, una institución
politécnica dependiente de la Universidad Central con la que se quiso resucitar la experiencia realizada
treinta y seis años antes para proporcionar una formación inicial común a todas las carreras
técnicas españolas.
Un mes después de la creación de la “Politécnica”, como familiarmente se la conoció, quedó nombrada
una comisión de ocho miembros para redactar el plan de estudios comunes, en la que había
un representante de cada una de las seis escuelas superiores implicadas: las cinco de ingenieros y
la de arquitectura. El de esta última fue Manuel Aguado de la Sierra, quien dos años después pasa-