Libro Blanco del título de grado en Arquitectura - Aneca

90 PRESENTACIÓN Y CONCLUSIONES
Es obvio que sería factible implantar aquí la opción d), tal vez sin modificar siquiera la legislación
extrauniversitaria aplicable que, como hemos visto, de todos modos va a ser imprescindible reformar.
Tal implantación no afectaría a la estructura de los estudios, pues dicha opción d) define un
tipo de formación también extrauniversitaria, en la cual la función de los centros oficiales de enseñanza
consistiría únicamente en proporcionar el aval del proyecto fin de carrera, algo semejante a
lo que se produce hoy con los arquitectos de fuera de la Unión Europea a los que, para ser reconocidos
también en España, las escuelas no les imparten docencia, pero los someten a una prueba de
conjunto.
A este respecto, debe tenerse en cuenta que el decreto regulador de las enseñanzas de grado determina
que los títulos oficiales correspondientes surtirán efectos académicos plenos y habilitarán en
su caso para actividades de carácter profesional, de acuerdo con la normativa vigente. Pero caería
fuera de su competencia impedir que otros títulos alcanzados por procedimientos diferentes y aceptados
por la directiva europea permitieran igualmente el acceso al ejercicio de dichas actividades.
Estos procedimientos alternativos no tendrían por qué establecerse como consecuencia de la aplicación
entre nosotros de vías de reconocimiento europeo de títulos no implantadas nunca en
España. Ni siquiera cabe descartar que la indiscutible opción a) de la directiva acabe por acogerlos.
Por ejemplo, sería perfectamente viable que instituciones educativas europeas otorgasen aquí títulos
con validez en otros países comunitarios, los cuales, en virtud del derecho de libre establecimiento,
podrían llegar a facultar profesionalmente de modo pleno, tanto si se ajustasen a nuestros
estudios de grado como si no.
De hecho, ya hay centros privados que están impartiendo aquí estudios de arquitectura no conducentes
a títulos oficiales españoles: uno en Málaga, en virtud de un convenio con una universidad
de Gales, y otro en La Coruña, que tiene una relación similar con una de Irlanda. Aunque aún es prematuro
aventurar los efectos profesionales que en su día (el cual de momento no ha llegado) otorguen
los títulos de instituciones como éstas, no lo es tanto augurar una batalla legal si se pretende
hacerlos valer en España invocando preceptos comunitarios concebidos para garantizar derechos
de los nacionales de otros Estados al ser acogidos por el nuestro, pero no necesariamente para
casos como los dos que acaban de mencionarse.
La opción b) de la directiva europea, al revés de lo que ocurre con la d), requeriría una aceptación
expresa dentro del sistema español de estudios, pues es exclusivamente universitaria. Esta opción
no consiste en una mera dilación de los estudios, sino en la distribución de éstos en dos fases o etapas,
una a tiempo completo y por tanto con al menos 180 créditos europeos y otra que, de limitarse
el conjunto a alcanzar los 240 nunca podría superar una media de 20 por año, con lo que el control
universitario del proceso formativo sería irrelevante y además, incompatible con intercambios
de estudiantes que permitieran la movilidad que la declaración de Bolonia considera tan prioritaria
como la estructura de las enseñanzas.
Para organizar una formación de este carácter mixto sería preciso contar con al menos 30 créditos
por curso académico, es decir un semestre, que es la unidad de ordenación temporal de los estudios
prácticamente universal en Europa. La duración conjunta mínima de este sistema sería pues de
nueve semestres, 270 créditos según el nuevo cómputo al que ya nos hemos incorporado. Como ya