N° 71 - Poder Judicial de Mendoza - Gobierno de Mendoza

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Jurisprudencia de Mendoza
típico supuesto de "delegación
impropia", en donde el Congreso de la
Nación dicta la norma que nos ocupa
dentro de un marco muy general, de
modo que el margen de arbitrio del Poder
Ejecutivo se ensancha o amplía en
función de sus facultades reglamentarias
e integradoras. Al respecto, existe un
principio muy conocido en el derecho
público, que expresa que "no hay
delegación sin un texto escrito". En
función de dicha máxima, cabe afirmar
que el legislador orgánico no puede
descargarse de su misión de regular una
materia de derecho común u ordinario,
aunque más no fuere en sus
"presupuestos mínimos", de modo que
por debajo de dicho umbral normativo, se
cae inevitablemente en la "alteración" y
frustración total del ejercicio de un
derecho fundamental reconocido por la
constitución material. Al respecto, Bidart
Campos nos enseña: "El principio general
que ofrece margen de aceptación nos
dice que para la validez de la delegación
llamada "impropia" es necesario que: a)
la ley haya fijado una clara política
legislativa en la materia regulada; b) la
reglamentación por el poder ejecutivo
quede enmarcada en la ejecución de esa
política mediante la complementación,
interpretación o integración de la misma"
(aut.cit., Tratado elemental de derecho
constitucional argentino", Ediar 1993, t.
II, p.35).
Es indudable que el contenido de la
norma que nos ocupa, es amplísimo y, lo
que es más grave, hace una delegación
sin fijar una "clara política legislativa" ya
que en la primera parte de su texto,
expresa: "Se consideran enfermedades
profesionales aquellas que se encuentran
incluidas en el listado de enfermedades
profesionales que elaborará y revisará el
Poder Ejecutivo anualmente, conforme al
procedimiento del artículo 40 apartado 3
de esta ley. El listado identificará agente
de riesgo, cuadros clínicos y actividades,
en capacidad de determinar por sí la
enfermedad profesional". Es indudable
que el legislador no ha definido en el
texto transcripto una "clara política
legislativa", ya que la delegación que
hace al Ejecutivo, para calificar a la
"enfermedad" como "profesional", y luego
de ello incluirla en el "listado de
enfermedades profesionales", incurre en
una omisión importante, cual es definir o
establecer un concepto meridianamente
claro, sobre qué debe entender y preservar
como "enfermedad profesional" el
Ejecutivo, de modo que al integrar
reglamentariamente la ley, no excluya
enfermedades que puedan ser contraídas
por daños derivados del trabajo. Ello
resulta un contenido mínimo, cuya
materia está reservada a la ley y no puede
ser delegada, por tratarse de un enunciado
normativo que sólo el legislador puede
regular, al reglamentar las normas tuitivas
de los derechos fundamentales que tienen
"valor" y jerarquía constitucional. Entre
dichas normas cabe mencionar el derecho
a "la protección de la salud", que por ser
un derecho fundamental receptado en el
art.42 de la constitución nacional,
constituye un enunciado normativo con
fuerza vinculante,sabiamente reconocido