N° 71 - Poder Judicial de Mendoza - Gobierno de Mendoza

Jurisprudencia de Mendoza 47
Considera que la actora ya ha
aceptado y se ha sometido a la
normativa que rige en el departamento
de Luján de Cuyo relacionada con la
actividad que su empresa realiza. Que
ha aceptado que sea la Municipalidad
de Luján de Cuyo el organismo que
controla el cumplimiento de dicha
normativa y el que sanciona su
incumplimiento, reconociendo su
jurisdicción y competencia.
Que la ordenanza impugnada está
íntimamente vinculada a esa
normativa ya acatada por Edemsa.
Que no hay oposición entre la
ordenanza y el art. 23 de la ley 6497
ya que la instalación de los cables
requiere autorización municipal y su
instalación sin autorización debe ser
sancionada.
Que la norma impugnada ordena
el retiro de los cables que ya no se
usan y que no cumplen función alguna
y que si en algún caso concreto se
tratare de cables en desuso que
pudieran servir para prestar un
servicio público en el futuro, la
acreditación de tal invocación ante la
comuna sería suficiente para no exigir
el retiro de los mismos.
Que la ordenanza no hace más
que reformar la legislación vigente en
el Departamento de Luján de Cuyo
que sólo impone la adopción de
medidas de seguridad para evitar
perjuicios a los habitantes de la zona
y en aras del interés público general.
Que en el caso, la actora no ha
acreditado en forma fehaciente el
perjuicio que le causa la aplicación de
la ordenanza cuestionada, sino que
sólo realiza una crítica en abstracto.
Que la sanción nunca se
impondrá al detectarse la anomalía,
sino que previo a ello se emplazará al
responsable a que cumpla con las
disposiciones vigentes, como cuando
se constata cualquier infracción a las
ordenanzas o normas vigente.
Que el fin de la ordenanza es
velar por el bienestar general, que
sólo refiere al control del estado de los
cables en el territorio de Luján y que
pueden causar perjuicio a los
habitantes, que resulta razonable y
motivada, dictada dentro de la órbita
de la competencia del municipio, por
lo que corresponde rechazar la
inconstitucionalidad pretendida, con
costas.
III.- El Fiscal de Estado contesta
sosteniendo que la Ordenanza nº
2627/02 ha sido dictada por el
Concejo Deliberante en uso de las
facultades constitucionales y legales
que emanan de la ley 1079 y sus
modificatorias.
Que el art. 71 inc. 6º de la Ley de
Municipalidades faculta a los
Concejos para crear penalidades por