N° 71 - Poder Judicial de Mendoza - Gobierno de Mendoza

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Jurisprudencia de Mendoza
que habilitan remedios extraordinarios, no procede en consecuencia, es decir
declarar la emergencia, pues se había producido la “corrida bancaria”, siendo
aquella donde todos los ahorristas y en general depositantes de entidades bancarias
concurren al mismo tiempo en busca de sus ahorros y depósitos a las entidades
bancarias, y éstas carecen del dinero suficiente para responder al retiro de los
mismos.
Esta sola circunstancia determina la constitucionalidad del decreto
1570/01 que fue sancionado a fin de evitar el quiebre definitivo de las entidades
financieras. Ningún país en el mundo puede prescindir de los bancos, más allá del
juicio de valor que cada uno de nosotros tenga sobre dichas entidades.
Por lo demás, el considerando de la sentencia de la Corte es endeble.
Entendemos que no es así, hay razonabilidad. Pues el decreto 1570/01 no
impedía, si una persona quería adquirir un inmueble, que pudiera disponer de su
patrimonio, la suma de dinero que quisiera. Por lo tanto ¿Dónde está la falta de
razonabilidad?, nos preguntamos.
Considerando 11º...”Las sucesivas reglamentaciones aludidas han excedido el
marco de la delegación, imponiendo condicionamientos y restricciones a la libre
disposición de la propiedad privada de los particulares, en abierta violación de las
normas constitucionales violadas”.
El argumento se contesta con lo dicho en el punto anterior. Además el
argumento es oscuro pues no menciona cuáles son las “sucesivas reglamentaciones
aludidas”, como tampoco señala cuáles son los “condicionamientos y restricciones
a la libre disposición de la propiedad privada de los particulares”. La sentencia
debe bastarse a sí misma.
Considerando 12º...”La facultad del Estado de imponer límites al nacimiento o
extinción de los derechos, no lo autoriza a prescindir por completo de las
relaciones jurídicas concertadas bajo el amparo de la legislación anterior,
especialmente, cuando las nuevas normas causan perjuicios patrimoniales que no
encuentran un justo paliativo”.
Se trata de un argumento falaz, porque en casi todo proceso judicial
litigioso el perdidoso sufre un perjuicio, a veces patrimonial, pero eso no justifica
la facultad de decidir por la otra parte; sobre todo, si como en el sub lite lo que se
debe decidir es el dilema de si la crisis la padecerá un sector de la población y casi
su totalidad. Es obvio que de caer el sistema en su totalidad el perjuicio será
mayor. Se está entonces por el mal menor.
El fallo retrocede hasta el caso “Ercolano c/ Lanteri de Renshaw” de