N° 71 - Poder Judicial de Mendoza - Gobierno de Mendoza

Jurisprudencia de Mendoza 51
Ley Orgánica mencionada las ramas
del poder de policía municipal
abarcan -entre otras- lo urbanístico y
edilicio, la salubridad e higiene y la
seguridad pública.
El poder de policía ha sido
conceptualizado por la doctrina más
moderna como la facultad de imponer
limitaciones y restricciones a los
derechos individuales con la finalidad
de salvaguardar la seguridad,
salubridad y moralidad públicas con el
objeto de prevenir eventuales
perjuicios a la comunidad, concepto
que ha evolucionado ampliando sus
fines hasta la primordial protección y
promoción del bienestar general o
bien común, para la tutela incluso de
los intereses económicos de la
colectividad. Tal poder siempre se ha
encontrado estrechamente unido al
derecho municipal, atribución que
debe entenderse amplia en la medida
en que sobre el municipio recae la
mayor parte de los problemas
urbanísticos.
Las facultades y atribuciones
municipales están fuertemente
respaldada por el art. 123 de la
Constitución Nacional que
dispone:"Cada provincia dicta su
propia Constitución, conforme a lo
dispuesto por el art. 5 asegurando la
autonomía municipal y reglando su
alcance y contenido en el orden
institucional, político, administrativo,
económico y financiero".
Conforme los principios
expuestos se advierte que el municipio
al dictar la ordenanza impugnada se
ha mantenido en la órbita de
facultades que le reconoce en forma
expresa la legislación, ya que las
malas condiciones de mantenimiento,
el desuso o el lugar no apropiado o
autorizado de los cables de la empresa
son bienes que resultan objeto de
limitación y merecen la custodia
jurídica que el municipio le ha
otorgado.
La ordenanza nº 2627/02 en los
términos en que ha sido dictada no
entra en colisión alguna con el Marco
Regulatorio Eléctrico a que hace
referencia el accionante ya que, de
ninguna manera, interfiere en el
servicio público de distribución de
energía eléctrica, en la planificación y
formulación de las políticas
electroenergéticas ni en el control y
fiscalización en la materia de energía
eléctrica. Respecto a este último
aspecto el Ente Provincial Regulador
Eléctrico mantiene toda su
competencia de fiscalización y control
otorgada por la ley 6497 ya que
cualquiera de las partes del litigio, en
caso de producirse la situación
descripta por la ordenanza, podrá
pedir la intervención de quien también