N° 71 - Poder Judicial de Mendoza - Gobierno de Mendoza

142
Jurisprudencia de Mendoza
accidentado y enfermo necesita con
urgencia la pronta asistencia a fin de que
mediante el tratamiento correspondiente,
recupere en el menor tiempo posible su
capacidad laborativa"(Sanchez Ramón y
Julio A Pallares, Código Procesal
Laboral Comentado, Tº I, Ediciones
Jurídicas Cuyo, 1992, pág. 190).
Recientemente la jurisprudencia ha
resuelto que: "Si bien conforme criterio
de esta Sala, es improcedente el dictado
de una medida cautelar cuyo contenido
coincida con el objeto principal del
amparo, ya que la celeridad de este
último obsta, en principio, a la
configuración del peligro en la demora,
tal axioma no puede aplicarse ante un
sujeto afectado de Sida ya que la
verosimilitud del derecho y el peligro en
la demora, surgen tanto de la gravedad de
la dolencia sufrida como de las
consecuencias que podrían derivarse para
su salud de un inadecuado y discontinuo
tratamiento, por lo que corresponde
ordenar como medida preventiva, la
restitución de su cobertura social"(C.
Fed. Seg. Soc, Sala I del 30-03-01, en DT
2002-A, pág. 622).
Comentando el referido fallo la Dra.
Amanda L. Pawlowski de Pose expuso
que "...el Tribunal Federal de la
Seguridad Social ordena la restitución de
la cobertura social del peticionante,
afectado de Sida, por entender que la
gravedad de tal dolencia y el riesgo que
puede derivarse para su salud de un
inadecuado y discontinuo tratamiento,
son circunstancias cuya notoriedad
permite inferir que existe tanto peligro en
la demora como verosimilitud del derecho
invocado, justificándose-en consecuenciala
adopción de medidas preventivas de
tutela...Aunque el fallo no lo dice, es
obvio que su apoyo axiológico se inspira
en la necesidad institucional de preservar
el derecho a la vida y a la salud de los
sujetos afectados por el citado mal, lo que
coincide con la tesis asumida por el
Superior Tribunal de la Nación en casos
análogos en los que entidades dedicadas a
la dación de cobertura médica
pretendieron exonerarse de las
obligaciones impuestas por las leyes
23.798, 24455 y 24.754"(Pawlowski de
Pose, Amanda Lucía "Adopción de
medidas cautelares en beneficio de un
sidótico, DT 2002-A, pág. 622/623).
Con anterioridad a la fecha se había
expuesto que: Si bien como norma general
el art. 8 de la ley 22.269 (sancionada en
1.980) establecía que "el carácter de
beneficiario subsistirá mientras se
mantenga el contrato de trabajo, y el
trabajador perciba remuneración del
empleador", expresamente se consigna
como excepción a esta regla en el inc. b)
del mismo art. que "en caso de
interrupción del trabajo por causa de
accidente o enfermedad inculpable,
durante el plazo de conservación del
empleo sin percepción de la
remuneración, el trabajador mantendrá su
calidad de beneficiario sin obligación de
efectuar aportes. Beneficio éste que en el
penúltimo párrafo del mismo artículo "se
extiende a su grupo familiar primario".
Pensamos que el derecho caduca recién
con la extinción del vínculo laboral, de