N° 71 - Poder Judicial de Mendoza - Gobierno de Mendoza

Jurisprudencia de Mendoza 167
Sin embargo y con el fin de
salvaguardar el derecho a la defensa en
juicio de quien pretende una adhesión a
un recurso extraordinario de
inconstitucionalidad, invocando
jurisprudencia anterior de este Cuerpo,
no compartida por esta Sala en su actual
composición, es que resulta procedente
otorgar el plazo de quince días
establecido en el art.146 C.P.C., en forma
excepcional y de conformidad con las
particulares circunstancias del caso, a los
efectos de posibilitar el ejercicio amplio
del derecho de defensa.
Suprema Corte de Justicia
Expte.Nº85557 Gómez Blas Miguel en j
123682 Juan Minetti S.A. c/Mathieu
Claudia y ot. p/Reivindicación s/Inc.
Mendoza, 4 de noviembre de 2005.
Sala Primera
Kemelmajer de Carlucci-Romano-Pérez
Hualde.
L.A.205-213
R E C U R S O D E
INCONSTITUCIONALIDAD.
Incidente en juicio ejecutivo. Recurso
de apelación.
Reiteradamente se ha sostenido que
aunque en materia civil, la segunda
instancia no constituye, en principio una
garantía constitucional, procede el
recurso de inconstitucionalidad cuando
se deniega un recurso procedente. no
corresponde sentar una doctrina judicial
de interpretación general, sino analizar si
en el caso ha existido violación al derecho
de defensa al negarse un recurso contra
una decisión que, de acuerdo a las
características del caso, resultaba
apelable. En consecuencia, para examinar
la viabilidad de la queja se impone el
examen sobre la procedencia del recurso
de apelación interpuesto ante la instancia
del grado.
Cualquier resolución dictada en
incidentes, no siempre es apelable, ni
tampoco inapelable, sino que es menester
analizar la particularidad del caso según la
trascedencia de la cuestión debatida y
resuelta, resultando una posible pauta de
distinción respecto de la apelabilidad,
cuando su negativa pueda significar la
definitiva frustración del derecho del
ejecutado, por cuanto el posible error de
la decisión judicial,no puede ser corregido
con posterioridad.
La sola circunstancia de tratarse de
un proceso ejecutivo con sentencia firme,
no puede llevar al extremo la aplicación
de la regla de inapelabilidad, al punto de
desvirtuar la finalidad perseguida por la
ley y, llegar a agraviar otras garantías del
justiciable, como es la necesidad de ver
satisfecha una acabada defensa de sus
derechos. Una razonable inteligencia de
la ley, impone la necesidad de armonizar
el texto legal con su sentido y finalidad
práctica, teniendo en cuenta que un
excesivo rigor formal en la aplicación
normativa, puede conducir a conclusiones
antitéticas a la verdad jurídica a dilucidar
en la apelación.
Suprema Corte de Justicia