N° 71 - Poder Judicial de Mendoza - Gobierno de Mendoza

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Jurisprudencia de Mendoza
deber de poner en vigencia un derecho excepcional, o sea, un
conjunto de remedios extraordinarios destinados a asegurar la
autodefensa de la comunidad y el restablecimiento de la normalidad
social que el sistema político de la Constitución requiera”.
2) “La emergencia no crea potestades ajenas a la Constitución, pero sí
permite ejercer con mayor hondura y vigor las que ésta contempla,
llevándolas más allá de los límites que son propios de los tiempos de
tranquilidad y sosiego”.
3) “La suspensión dispuesta en el art. 50 de la ley 23.696 es uno de los
recursos válidos que el poder de policía comprende: el plazo de dos
años que el precepto prevé no ha sido tachado, de irrazonable y no
hay circunstancia alguna de la que quepa inferir que sea
desmesurado y no se ajusta a las exigencias de la política trazada y
al logro de los objetivos del legislador, los cuales, por lo demás son
esencialmente públicos y guardan relación inmediata con la
preservación del interés nacional”.
4) “El fundamento de las leyes de emergencia es la necesidad de poner
fin o remediar situaciones de gravedad que obligan al Congreso a
intervenir en el orden patrimonial, fijando plazos, concediendo
esperas, como una forma de hacer posible el cumplimiento de las
obligaciones, a la vez que atenuar su gravitación negativa sobre el
orden económico e institucional y la sociedad en su conjunto”.
5) “Así como el derecho adquirido se caracteriza por su incorporación
en grado de identidad con la propiedad, trátase de derecho reales o
personales, de bienes materiales o inmateriales, el concepto de
emergencia abarca un derecho cuyo ámbito temporal difiere según
circunstancias modales de épocas y sitios. Se trata de una situación
extraordinaria que gravita sobre el orden económico-social, con su
cargo de perturbación acumulada, en variables de escasez, pobreza,
penuria o indigencia, origina un estado de necesidad al que hay que
ponerle fin” (voto de los doctores Fayt y Barra).
6) “Todo derecho puede tratarse razonablemente y, limitado en el
tiempo, considerado como un remedio y una mutación en la
sustancia o esencia del derecho adquirido por sentencia o contrato y
está sometido al control jurisdiccional de constitucionalidad, toda vez
que la situación de emergencia, y a diferencia del estado de sitio, no