N° 71 - Poder Judicial de Mendoza - Gobierno de Mendoza

Jurisprudencia de Mendoza 65
Así lo ha resuelto este Tribunal
afirmando que "... sólo si la
legislación administrativa provincial
no tiene previsto plazo especial ha de
acudirse a la legislación supletoria que
es el Código Civil ..." (LS 277-411).
No cabe duda que el legislador
incluyó en el Código Civil un
conjunto de reglas sobre prescripción
y lo hizo con la intención de aplicarlas
igualmente a las obligaciones regidas
por el derecho administrativo (conf.
art. 3951 del C.C.). Ello nos permite
arribar a la solución del caso en
estudio mediante la técnica de
aplicación analógica del art. 3986, 1°
parte del C.C., en el que se consagra
el efecto interruptivo de la
prescripción por la interposición de la
"demanda judicial". De esta manera se
hace una aplicación extensiva
teniendo en consideración la identidad
de elementos que posee el "reclamo
administrativo previo".
Aparece así como posible y justo
asignarle idéntico efecto a la
reclamación administrativa que el
mismo Estado y futuro demandado
impuso como condición previa a la
interposición de la demanda judicial
(arts. 1, 5 y 6 de la ley 3918 y art. 144,
inc. 5 de la C.P.).
Por otra parte no hay ninguna
norma administrativa posterior al CC
que se refiera expresamente a la
interposición del reclamo
administrativo previo, disponiendo
que el mismo afectará la prescripción
de algún modo diferente de la
interrupción, que nos permite concluir
que la cuestión se encuentra regulada
de manera más directa e inmediata o
más beneficiosa, por una norma
específica, en un modo que excluya la
aplicación del citado precepto del
C.C.
Ratifica esta posición la
generalidad de la doctrina civilista
quien interpreta que el efecto
interruptivo reconocido a la
demandada por el art. 3986, ap. 1 del
C.C., es comprensivo del reclamo
administrativo previo instituido como
requisito de admisibilidad de la acción
judicial posterior (Colmo, "De las
obligaciones en general", n° 935;
Salvat-Galli, "Obligaciones", T. III, n°
2157; Spota, "Parte General", vol. 10,
n° 2215, G,p.360 y n° 2218, p. 394;
Borda, "Obligaciones", T. II, 2° ed. N°
1048; Llambías , "Parte General", T.
II, 7° ed, n° 2134; Llambías–Raffo
Venegas-Sassot "Compendio de
obligaciones", n° 1195; Moisset de
Espanés, "Interrupción de la
prescripción por demanda", p. 24/27,
"Interrupción de la prescripción.
Gestiones administrativas -sistema
vigente y proyecto de unificación-
L.L. 1991-A-936; Trigo
Represas-Cazeaux "Derecho de las
obligaciones", T. III, 2° ed., pág.